Jueza frena deportación de venezolanos desde Colorado a El Salvador

BLOQUEA EXPULSIÓN SIN AUDIENCIA DE DETENIDOS EN AURORA

Redacción El Comercio de Colorado

La jueza federal Charlotte N. Sweeney prohibió este lunes 21 de abril, la deportación de un centenar de venezolanos detenidos en Colorado, luego de concluir que el gobierno federal no puede expulsarlos sin brindarles la oportunidad de presentar sus casos ante un juez migratorio. La decisión es resultado de una audiencia, establecida el pasado 15 de abril, en la que comparecieron abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y del Departamento de Justicia.

La jueza Sweeney concluyó que estos dos migrantes “sufrirían daños irreparables” si fueran deportados a El Salvador, donde el gobierno estadounidense los pretendía enviar en virtud de un acuerdo carcelario firmado recientemente con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Esta medida cautelar no sólo beneficia a los dos demandantes, sino que también detiene temporalmente la deportación de cerca de 100 venezolanos más que se encuentran en la misma situación legal en Colorado.

Argumentos a favor y en contra

La ACLU argumentó que, incluso si existieran antecedentes o sospechas criminales, los migrantes tienen derecho al debido proceso, incluyendo una audiencia ante un tribunal y asesoría legal en un idioma comprensible. La jueza estuvo de acuerdo y recordó que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la administración Trump para justificar estas deportaciones, ha sido históricamente reservada para situaciones de guerra y no se ajusta a este caso.

Los abogados del gobierno federal indicaron que la decisión de la jueza “obstaculizaría la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración incluyendo arrestar, detener y expulsar a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país”. Estos representantes del gobierno también intentaron defender las expulsiones afirmando que los detenidos “podrían representar un peligro para la sociedad”, pero la jueza desestimó ese argumento por falta de evidencia concreta.

La juez Sweeney subrayó que el gobierno “no ha demostrado que estos individuos representen una amenaza real y presente”, y que negarle el acceso a una revisión judicial sería una violación de derechos constitucionales. El dictamen de Sweeney se suma a decisiones similares en Nueva York y Texas, donde jueces también suspendieron deportaciones hasta que se establezcan procedimientos de apelación adecuados. La representante de ACLU enfatizó que la demanda de favor de los venezolanos no pide que queden en Libertad, o que se les conceda asilo, sino que se garantice su derecho al debido proceso ante un juez. 

Los defendidos

Uno de los favorecidos por la nueva orden es D.B.U., un hombre de 31 años que huyó de Venezuela después de ser encarcelado por su actividad política. El hombre fue arrestado en enero durante una redada en lo que las autoridades policiales locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas calificaron como una “fiesta del Tren de Aragua” en el Condado Adams, al norte de Denver. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), 41 personas arrestadas esa noche carecían de presencia legal en el país.

Según las autoridades, “decenas de ellas [los detenidos]” estarían vinculadas con la mencionada pandilla, incluyendo D.B.U., debido a un tatuaje. El otro hombre representado por la ACLU, de 25 años, huyó de Venezuela después de que dos miembros de su familia fueran asesinados por pandilleros. R.M.M. fue detenido por agentes de inmigración en marzo después de que agentes federales lo vieran frente a un edificio vinculado a los pandilleros. También R.M.M. fue identificado como pandillero por sus tatuajes.