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Roberto Mendoza / Periodista y analista político
Reside en Querétaro, México
La próxima vez que nos leamos ya se habrán terminado las elecciones, ya habremos votado y, si todo sale con la normalidad que acostumbramos, ya sabremos los resultados de casi toda la elección. Pero al menos 89 familias habrán cambiado radicalmente su dinámica de vida; esa es la cantidad de políticos asesinados en estas elecciones. Según la consultoría de comunicación y riesgos Etellekt, al menos 282 candidatos han sido agredidos en 31 entidades federativas y en 205 municipios del país. La mayoría de los asesinatos ha sido de personajes del ámbito municipal y casi todos opositores.
¿Qué pasa en el país? ¿Todos fueron asesinados por el crimen organizado? ¿De verdad el crimen en el país puso en pausa su principal negocio y vio en el presupuesto, sobre todo el municipal, un foco ilimitado de ganancias? Porque las ganancias del negocio al que se dedican los delincuentes no se deciden en las diversas cámaras, ni ellos andan cabildeando los rublos, apartados y etiquetado, ni se esperan a que ‘caiga’ el recurso. El crimen organizado se dedica a obtener ganancias rápido, relativamente fácil y de la manera menos limitada posible.
Entonces ¿qué tenemos que entender sobre la violencia que vivimos en esta campaña? Que sí hay una parte del crimen que quiere tener un control político en varias regiones, por estrategia o por logística, siempre por conveniencia y ayuda a algún político que, traicionando los ideales de la vida política, ética y social, se convierte en su cómplice. Esta complicidad es muy redituable ahora que muchos presidentes municipales se pueden reelegir. ¿Quién quiere dejar de tener estas ganancias extraordinarias?
Entonces con esta misma ayuda, el candidato que cree que su rival puede quitarle el puesto, ya sea por carisma o porque tiene una mejor propuesta, simplemente lo elimina, usando la fuerza de su aliado. Incluso a veces ni eso, porque en este país reina la impunidad y no pasa nada, porque muy probablemente los asesinos son juez y parte; tienen el control de la policía, de la Administración, del poder judicial local… de todo. Ya verá usted que la mayoría de estos asesinatos quedará impune.
Hay que hacer hincapié en algo que es muy importante: estos personajes sí tienen a alguien arriba, un poder más grande y, se supone, más fuerte, que además, desde hace tres años se ha declarado incorruptible. El Gobierno federal es quien debía, de manera eficiente, investigar, capturar, juzgar y sancionar a los culpables de estos 89 asesinatos. ¿Qué ha dicho el presidente? Que esto es sensacionalismo, amarillismo, la manera en cómo lo dijo denota que no sabe ni entiende qué significan estas dos palabras. Lo que sí es escandaloso es que en el Gobierno federal nadie hace nada.
Es cierto que la nota roja ha adquirido un papel relevante en los medios, pero no es porque los medios así lo quieran, es porque habría que explicarle al presidente que son los medios los que informan, publican, comentan y analizan las noticias, no quienes las producen. Si la nota roja se ha vuelto relevante es porque están sucediendo de manera extraordinaria este tipo de hechos.
Sería aún más relevante, si es que pasara, que la noticia fuera que el Gobierno atrapó, combatió y resolvió estos y otros muchos crímenes. Si atrapara y juzgara a los delincuentes, si evitara los robos, si se combatiera de manera dinámica, eficiente y contundente lo que más afecta a la sociedad. Esa sí sería nota de primera plana, una buena noticia que todos comentaríamos y todos festejaríamos. Pero no, eso no pasa por una simple razón: el Gobierno, su administración y el presidente no saben cómo hacerlo.
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