Avanza proyecto clave que protege derechos civiles en Colorado

PROPONENTES DE LA LEY| Senadora Julie González durante la presentación del proyecto de ley SB25-276 junto al Senador Mike Weissman y las Representantes Elizabeth Velasco y Lorena García. (Foto/El Comercio de Colorado)

SB25-276 A VOTACIÓN FINAL EN CÁMARA DE REPRESENTANTES

Redacción El Comercio de Colorado

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El proyecto de ley SB25-276 dio un paso decisivo esta semana en su ruta legislativa. Tras haber sido aprobado en el Senado de Colorado, la propuesta avanzó el lunes 28 de abril con el respaldo del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Luego, el miércoles 30, superó otra prueba importante: el Comité de Apropiaciones también votó a favor.

Con estos respaldos, el proyecto se dirige ahora al pleno de la Cámara para sus lecturas finales. La discusión en la Cámara de Representantes está programada para el viernes 2 de mayo, lo que anticipa un fin de semana intenso de trabajo legislativo para que el proyecto llegue al escritorio del gobernador Jared Polis antes del cierre de la sesión legislativa. Hasta ahora, se desconoce si el gobernador tiene objeciones al texto, pero se estima que firmaría la ley.

Esta legislación, promovida por los senadores Julie Gonzales y Mike Weissman, junto con las representantes Elizabeth Velasco y Lorena García, busca reforzar las protecciones constitucionales de todos los residentes de Colorado, incluyendo a inmigrantes. “Colorado es más fuerte cuando todos pueden vivir y contribuir sin miedo”, afirmó Velasco. García, por su parte, advirtió que la vigilancia migratoria está generando temor entre las familias, incluso entre ciudadanos estadounidenses.

En que consiste

La senadora Julie Gonzales destacó: “No tenemos control sobre lo que hace ICE, pero sí podemos decidir qué hacemos nosotros aquí en Colorado. Esta ley busca asegurarnos de que el gobierno estatal y local no colabore con políticas que violen el debido proceso o generen miedo innecesario en nuestras comunidades”.

SB25-276 prohíbe que empleados públicos compartan datos personales relacionados con el estatus migratorio con autoridades federales, y elimina la exigencia de declaraciones juradas para obtener licencias de conducir o matrícula estatal. También reafirma que retener a una persona después de pagar fianza sin orden judicial es inconstitucional.

La ley exige además que escuelas, hospitales y guarderías establezcan protocolos ante operativos migratorios, y permite que personas con ciertas condenas menores puedan solicitar la revocación de su declaración de culpabilidad si no fueron informadas de las consecuencias migratorias.

A favor y en contra

Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de controversia. John Fabbricatore, exdirector de ICE en Colorado, advirtió que esta ley convertiría al estado en un “santuario” que protege a inmigrantes con antecedentes penales. “¿Debemos esperar a que maten a un ciudadano estadounidense antes de actuar?”, cuestionó.

AVANZA PROYECTO QUE PROTEGE DERECHOS CIVILES EN COLORADO

Desde el otro lado, testimonios como el de Gladys Ibarra, directora de la Colorado Immigrant Rights Coalition, destacan que “cuando las personas confían en sus instituciones, denuncian delitos y buscan ayuda médica”. La profesora Whitney Duncan reforzó esta visión: “El miedo a compartir información personal con ICE impide que muchas personas, incluso ciudadanos, accedan a atención médica o educativa”. Whitney añadió que esta ley “es una forma concreta en la que Colorado puede demostrar que valora a todos sus residentes”.