Declaran muertos a migrantes para anular sus beneficios

SIN SOCIAL SECURITY NUMBER| Unos 6 mil migrantes incorporados a registro oficial de fallecidos en EEUU. (Foto/X)

ADMINISTRACIÓN TRUMP AMPLÍA REGISTRO MIGRATORIO CON FINES DE DEPORTACIÓN

Redacción El Comercio de Colorado con información de Agencia Efe

La administración Trump ha intensificado su ofensiva contra los migrantes mediante nuevas estrategias. El departamento de Seguridad Nacional incluyó a inmigrantes vivos en la base de datos de personas fallecidas del Seguro Social y podrá efectuar operativos de captura en iglesias y centros de culto de algún migrante que represente peligro para la seguridad pública por decisión de un juez. Al mismo tiempo ya entró en vigor el registro obligatorio para migrantes.

Migrantes declarados muertos por orden federal

Más de 6.000 migrantes han sido incorporados al registro oficial de fallecidos en EE.UU., en su mayoría latinos, con el fin de quitarles derechos laborales y acceso a beneficios sociales. Esta medida fue ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como un intento de disuasión para que los indocumentados abandonen el país.

La nueva política, basada en memorandos internos firmados esta semana, autoriza al Seguro Social a registrar como muertos a migrantes que perdieron su estatus o cuyo permiso expiró bajo el mandato de Trump. Entre los afectados también figuran personas incluidas en la lista de vigilancia del FBI. Se estima que hasta 92.000 personas podrían ser añadidas al archivo de defunciones.

Imponen registro obligatorio a extranjeros en EE.UU.

Desde este viernes, todos los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan más de 30 días en Estados Unidos deberán inscribirse en un nuevo registro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), si no fueron registrados al obtener su visado. Esta medida surge de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump denominada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, que reactiva una ley de 1940.

El incumplimiento acarrea multas de hasta 5.000 dólares y seis meses de prisión. El decreto también obliga a portar una prueba de inscripción en todo momento. Según el USCIS, los extranjeros afectados deben registrarse en línea con el formulario G-325R. La normativa se extiende también a menores de edad y puede implicar la toma de huellas dactilares y fotografías.

La orden afecta tanto a inmigrantes indocumentados como a visitantes temporales, incluidos los “snowbirds” canadienses. Activistas denuncian que el objetivo es presionar a los migrantes a abandonar el país, y advierten de posibles violaciones constitucionales, aunque un juez federal ya validó la legalidad de la medida.

Jueza avala operaciones de ICE en iglesias

Una jueza federal rechazó la demanda presentada por 27 organizaciones religiosas contra las redadas en templos. El fallo permite a ICE realizar operativos en iglesias, escuelas y hospitales. La jueza Dabney Friedrich argumentó que no se demostró una amenaza real a la libertad religiosa, pese al temor expresado por grupos de fe que acogen a migrantes en riesgo.

Las organizaciones demandantes alegan que la orden gubernamental viola la Primera Enmienda y pone en peligro a quienes encuentran refugio en centros de culto. Según activistas, la política socava el derecho de las comunidades religiosas a cumplir con su vocación moral de proteger a los más vulnerables.