Corte Suprema bloquea deportaciones bajo Ley de Enemigos Extranjeros

DECISIÓN 7 CONTRA 2

Redacción El Comercio de Colorado

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el viernes 17 de mayo de 2025 una decisión que impide al presidente Donald Trump reanudar las deportaciones de inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El fallo responde al caso de un grupo de venezolanos detenidos en Texas, señalados como presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, quienes estaban a punto de ser expulsados del país.

Por una votación de 7 a 2, el máximo tribunal del país ratificó una orden provisional que frena temporalmente la aplicación de esta controvertida ley, invocada por Trump en un intento por acelerar deportaciones sin los procesos legales habituales. La Corte concluyó que el gobierno violó el derecho al debido proceso de los migrantes al intentar deportarlos con apenas 24 horas de aviso y sin la información suficiente para impugnar la medida legalmente.

Aplicación del debido proceso

El tribunal exigió que, antes de proceder con cualquier expulsión, los inmigrantes deben ser notificados con tiempo razonable, contar con acceso a un abogado y tener la oportunidad de presentar una apelación ante las cortes. Además, devolvió el caso a un tribunal de apelaciones para que determine la legalidad de las acciones del presidente y establezca los procedimientos adecuados.

Este revés judicial representa una derrota significativa para la estrategia migratoria de Trump, quien ha intentado usar la Ley de Enemigos Extranjeros —una norma de tiempos de guerra poco usada— para esquivar los requisitos judiciales y acelerar expulsiones masivas. Aunque la decisión es temporal, impide que se ejecuten deportaciones inmediatas mientras se resuelven los temas legales de fondo en instancias inferiores.

La administración Trump justificó su postura alegando razones de seguridad nacional, pero hasta ahora no ha presentado pruebas sólidas que vinculen directamente a los migrantes con actividades criminales. La batalla legal continúa en múltiples tribunales federales del país, mientras defensores de derechos humanos advierten sobre el peligro de erosionar garantías constitucionales en nombre de la seguridad.