Denver demanda gobierno federal para que pague fondos usados en albergues migratorios

FONDOS ASIGNADOS POR FEMA

Redacción El Comercio de Colorado

Al menos tres condados de Arizona, Colorado, e Illinois demandaron a la administración del presidente Donald Trump para que les pague 40 millones de dólares en fondos aprobados previamente por el Congreso para financiar las operaciones de albergues para migrantes. La querella fue presentada por el condado de Pima y las ciudades de Denver y Chicago. En esa demanda se asegura que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les adeuda en conjunto 40 millones de dólares.

El dinero adeudado es por servicios proporcionados a solicitantes de asilo que fueron admitidos y procesados por la Patrulla Fronteriza durante 2024 y 2025. “El Programa de Refugios y Servicios fue creado con el único propósito de reembolsar a las ciudades que cumplieron con todas las leyes federales, estatales y locales al atender personas en estado de necesidad. Ahora, la administración Trump intenta ilegalmente castigar a las ciudades que hicieron el trabajo que el gobierno federal no pudo hacer”, dijo Mike Johnston, alcalde de Denver.

El presidente de la Junta de Supervisores del condado Pima, Rex Scott, dijo que desde el 2019 el Ejecutivo estadounidense comenzó a otorgar estos fondos a los condados y ciudades para garantizar la salud y la seguridad pública, pero que ahora la Casa Blanca cambió “repentinamente” las reglas de reembolso. “Como un socio comprometido en esta iniciativa, brindamos servicios de alojamiento de buena fe, confiamos en estos fondos asignados por el Congreso”, subrayó el funcionario.

Migrantes enviados por Greg Abbott

Los demandantes aseguran en la querella presentada en un tribunal del Distrito Norte de Illinois que por meses el DHS no ha respondido sobre si cumplirán con sus responsabilidades financieras, a pesar de múltiples peticiones. Según los demandantes, el gobierno federal ha retenido cerca de 24 millones de dólares en fondos otorgados previamente a Denver, otros 12 millones a Chicago, y cuatro millones al condado de Pima. El dinero es parte de unos 600 millones de dólares aprobados por el Congreso para responder a la crisis migratoria.

Los demandantes reiteran que la necesidad este programa está clara. En 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzó a enviar en autobuses a migrantes hacia ciudades de todo el país, incluyendo “a muchos de los más de 43,000 que llegaron a Denver con nada más que la ropa que llevaban puesta y sin oportunidad de trabajar” dice el boletín de Denver. Y sigue, “Denver respondió a esta crisis —que no creamos ni solicitamos— para evitar que miles de familias vivieran en nuestras calles en el frío y para mantener la seguridad pública”.

Información a cambio del pago

Para entregar estos recursos la Administración Trump está exigiendo entre otros requisitos, los nombres, número de identificación y el destino final de los migrantes que fueron enviados a albergues temporales. La Casa Blanca también ha terminado con los programas de ayuda para financiar los albergues, por lo que muchos han cerrado sus puertas, entre ellos dos en el sur de Arizona. Denver, Chicago y el condado de Pima afirman que las acciones del gobierno federal son inconstitucionales.

Según los demandantes, el gobierno federal intenta anular la autoridad constitucional del Congreso para asignar fondos. En 2022, el Congreso, con apoyo bipartidista, aprobó el Programa de Refugios y Servicios (SSP), administrado por FEMA, y destinado a reembolsar a las ciudades por los servicios relacionados con las políticas migratorias del gobierno federal. FEMA otorgó subvenciones para reembolsar dichos costos. La nueva administración decidió eliminar todos los saldos de las subvenciones de ese programa sin informar a los beneficiarios.