
INDENTIFICA VIOLACIÓN DE ORDEN JUDICIAL
Redacción El Comercio de Colorado
El juez federal James Boasberg, del Tribunal del Distrito de Columbia, dictaminó que existen pruebas suficientes para considerar que la administración del expresidente Donald Trump incurrió en desacato criminal al desobedecer una orden judicial que prohibía continuar con los vuelos de deportación de migrantes a El Salvador.
La decisión del magistrado se basa en que funcionarios del gobierno ignoraron de manera deliberada su instrucción de detener dos vuelos que trasladaban a ciudadanos venezolanos, presuntamente vinculados a pandillas. El juez asegura que los funcionarios atendieron la solicitud pese a que esa orden fue emitida antes de que las aeronaves concluyeran su ruta.
En el fallo emitido el miércoles 16 de abril, Boasberg señaló que “las acciones del Gobierno en ese día demuestran un desprecio deliberado por la orden de la Corte”. Segun el juez existen entonces “suficiente elementos para concluir que existe causa probable para encontrar al Gobierno en desacato criminal”.
Ocultamiento del uso de Ley de enemigos extranjeros
Además, Boasberg acusó a los funcionarios de haber intentado ocultar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros —una norma de 1798— para justificar las expulsiones, lo cual impidió que los migrantes tuvieran acceso a audiencias judiciales. El juez reveló que el Ejecutivo retuvo en secreto la invocación de la ley durante más de 24 horas.
Al mismo tiempo, indica Boasberg que el gobierno retrasó audiencias programadas y continuó con las deportaciones, violando de forma directa las instrucciones de la Corte. Boasberg dio al Gobierno un plazo hasta el 23 de abril para revertir el desacato cumpliendo su orden original o, en su defecto, identificar a los funcionarios responsables que podrían enfrentar sanciones personales.
Citó incluso evidencia de que altos cargos del Ejecutivo celebraron públicamente haber desobedecido al tribunal, haciendo alusión a un tuit del secretario de Estado en el que se mofaba del mandato judicial. “La Constitución no tolera la desobediencia voluntaria de órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado defenderla”, escribió el juez, al advertir que permitir este tipo de acciones convierte en irrelevante el poder de la justicia federal.
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