
CÁMARA MUNICIPAL DISCUTIRÁ SANCIONES CONTRA LA EMPRESA CBZ, PROIETARIA DE EDGE OF LOWRI.
Redacción El Comercio de Colorado
El gobierno de la ciudad de Aurora ha respondido a las críticas sobre la reubicación de los residentes desplazados del complejo de apartamentos Edge of Lowry, asegurando que se proporcionó asistencia financiera y logística a quienes calificaban para recibir ayuda. La administración municipal, a través de Property Solutions Colorado, llevó a cabo el cierre definitivo del complejo tras determinar que representaba una amenaza inmediata para la seguridad pública.
Según informó la ciudad, un total de 85 residentes de 23 unidades recibieron aproximadamente $94,375 en asistencia directa. Esta ayuda estuvo dirigida a ciudadanos estadounidenses y migrantes de Haití, Venezuela, Colombia y México, quienes cumplieron con los requisitos establecidos, incluyendo la presentación de identificación y la firma de formularios de seguimiento. La asistencia se destinó a la cobertura de gastos de reubicación, hospedaje temporal y transporte a otros estados donde los beneficiarios contaban con redes de apoyo.
Además de la ayuda económica, la ciudad señaló que invirtió aproximadamente $360,000 en reparaciones urgentes y medidas de seguridad dentro del complejo. Estas incluyeron reparaciones de plomería, electricidad, instalación de detectores de humo y refuerzo de la seguridad en el sitio antes de la evacuación final. Según Aurora, estas acciones fueron realizadas para mitigar riesgos a corto plazo y garantizar una transición segura para los residentes afectados.
Críticas y controversia sobre el apoyo a los residentes
A pesar de estas declaraciones, la organización Housekeys Action Network Denver (HAND), a través de su vocera V. Reeves, ha expresado su descontento con el proceso de reubicación. Reeves afirmó que la ciudad no cumplió con sus compromisos y que muchas familias quedaron sin apoyo real. Según HAND, algunos de los cheques entregados a los desplazados no fueron aceptados en algunos bancos, y otras familias fueron rechazadas debido a los estrictos requisitos impuestos por Property Solutions Colorado.
HAND también denunció que la presencia de seguridad privada en el complejo generó temor entre los residentes, lo que llevó a que algunos rechazaran la ayuda ofrecida por miedo a represalias migratorias. Además, argumentaron que, si la ciudad hubiera colaborado con organizaciones comunitarias, se habrían podido reubicar a más familias en condiciones dignas.

Acciones contra CBZ
Mientras la administración de Aurora defiende su actuación y la considera efectiva, grupos de activistas continúan exigiendo mayor transparencia en el uso de los fondos y garantías para que situaciones similares no se repitan en futuros desalojos masivos. La próxima audiencia sobre el caso se llevará a cabo el 3 de marzo en la Corte Municipal de Aurora, donde se discutirán las acciones legales contra los propietarios del complejo, la empresa CBZ, por negligencia en el mantenimiento de la propiedad.
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