Algo más que insultos

Jesús Sánchez Meleán

El informe a la nación representa mucho más que un ritual dentro de la tradición democrática de los Estados Unidos. La maravillosa constitución norteamericana indica que es una obligación de quién ejerce el poder ejecutivo presentar un informe sobre su gestión del año inmediatamente anterior. Ese informe pasó a convertirse en un acto presencial que ha llevado a los presidentes norteamericanos a llegar al congreso, la primera semana de febrero, para entregar su reporte. Esa visita de los presidentes viene ocurriendo en los último 150 años.

Una vez al año, los norteamericanos pueden conocer cuáles han sido los logros, o fracasos, del gobierno federal. Al mismo tiempo, el público puede entender cuáles son los retos y la forma en la cual la administración de turno buscará hacer frente a los desafíos pendientes. Puede que los conflictos y la diatriba del momento distraigan al público del objetivo real de esa presencia del presidente en una sesión conjunta del congreso. Es equivocado recordar el segundo informe a la nación de Biden porque tuvo que recibir la acusación de mentiroso que le gritó la representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene.

El 7 de febrero, Biden explicó claramente la necesidad de una discusión y negociación civilizada, adulta, de estado, para aprobar un nuevo nivel del endeudamiento de los Estados Unidos. El no lograr ese acuerdo tendría graves consecuencias. EEUU se podría ver impedido a cumplirle los pagos a los poseedores de títulos de la deuda pública de los EEUU. El país quedaría como mala paga y su credibilidad se esfumaría. Biden invitó a los republicanos a iniciar ese diálogo, no sin antes recordarles que ellos son corresponsables de esa deuda.

Esta discusión había comenzado en la segunda mitad de la administración Trump, cuando el déficit fiscal norteamericano creció en forma vertiginosa. En ese momento, el senador por Florida, Rick Scott, asumió el liderazgo y estableció los lineamientos para adelantar esa discusión. Fue Scott quien propuso que uno de los cambios para corregir el déficit fiscal y por lo tanto establecer el límite de la deuda debía ser quitar el carácter sagrado del Seguro Social y los programas de Medicare. Según Scott, esos dos programas debían pasar a ser evaluados cada tres años y los recursos para ellos dependerían de la abundancia o no de las finanzas en Norteamérica.

Por ese motivo, un espectador como yo se sorprende al ver y escuchar la furia de la representante Taylor Greene. ¿Es que ella nunca escuchó o leyó las propuestas del senador Scott, su compañero de partido? Hay dos opciones. Le da ira el que Biden le recuerde que un republicano quería infringir un golpe bajo a esos programas sociales que atienden a las personas de la tercera edad. O que los pasados dos años estuvo jugando zudoku en el horario regular de su trabajo parlamentario y ni se enteró de lo dicho por Scott. Es que Taylor Greene no tuvo ninguna asignación en comisiones como castigo a su postura sobre el asalto del 6 de enero.

La mesa está servida en los Estados Unidos. El tiempo presente le impone a los congresistas y al gobierno federal el superar las posturas teatrales de quienes como Taylor Greene no quieren abordar lo importante. El determinar el nuevo límite de la deuda va a requerir que el congreso y el ejecutivo hagan compromisos y sacrificios. Escucharemos un balance de los resultados de ese reto en el informe a la nación del presidente norteamericano del 2024.