FENÓMENO PRESENTE EN TODA LATINOAMÉRICA
Redacción El Comercio de Colorado
Latinoamérica es la única región del mundo con tendencia ascendente de embarazos de menores de 15 años, por lo que especialistas plantean enfrentar esta problemática de manera urgente con la campaña “Protegerlas ya”. La iniciativa, que será lanzada oficialmente este 25 de noviembre, es promovida por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai) y comprende el documento “Lineamientos para diseño de protocolo de atención de niñas y adolescentes menores de 15 años con embarazo no intencional”.
Su objetivo es promover la aprobación de políticas nacionales que permitan la detección oportuna de estos embarazos, ofrezcan consejería con apoyo clínico y psicológico, hagan un seguimiento integral e implementen su abordaje de manera intersectorial. La secretaria ejecutiva del Clacai, Susana Chávez, afirmó que se plantea que se deje de “creer que hay una naturalización o un deseo de la niña a embarazarse” y que las relaciones sexuales a esa edad son consentidas.
“Los embarazos forzados deben siempre considerarse como situaciones excepcionales”, remarcó Chávez antes de enfatizar que en estos casos “lo que está en peligro es la salud de la niña”.
Tendencia ascendente
La Clacai alertó que la tendencia ascendente de embarazos en menores de 15 años se ha acentuado y visibilizado en el contexto de la pandemia de la covid-19 y el confinamiento que esta ha provocado. En ese sentido, el médico mexicano Guillermo Ortiz, informó que su país ocupa el primer lugar en embarazos infantiles en el mundo, con un incremento progresivo desde 2003 y la mayor tasa en los estados de Chiapas y Veracruz.
Solo en 2017, México registró 11.749 de estos casos y una gran parte de ellos fueron resultado de actos de violencia sexual cometidos por integrantes de la familia, mientras que el 46 % de las niñas entre 10 y 14 años que tuvieron un hijo reportaron que el hombre tenía entre 18 y 68 años, agregó el especialista.
La situación es similar en países como Colombia donde, según informó el Clacai, se notificó casi 22 casos diarios en promedio de abuso sexual contra niñas desde el inicio de la cuarentena hasta fines de junio pasado. Además, los embarazos en niñas de 10 a 14 años aumentaron en 79,16 % entre abril y junio en El Salvador, y en Perú se registró hasta septiembre pasado, el cuádruple de embarazos de menores de 10 años en comparación con 2019.
En la mayor parte de los países de la región se reportó la reducción, en un promedio de 50 %, en los servicios de salud reproductiva, ante la urgencia de atender los casos de la covid-19 en los establecimientos de salud.
Problema de larga data
“Estamos hablando no tan solo de un problema de larga data sino que, a pesar de todos los adelantos de los últimos años en el campo de la salud reproductiva, el tema de los adolescentes prácticamente no ha cambiado”, comentó Chávez. Remarcó, además, las profundas desigualdades sociales que existen en Latinoamérica y el vínculo que se da “entre pobreza, exclusión y estereotipos de género”.
A su turno, el colombiano Pío Iván Gómez, representante de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología (Flasog), aseguró que el embarazo de menores “debe preocupar muchísimo” en la región, ya que se ha convertido “realmente en otra epidemia”. Sostuvo que la Flasog da el aval al documento con los lineamientos, porque contiene “el primer trabajo que de forma muy seria toma el tema del embarazo en menores de 15 años”.
Políticas públicas
Estas pautas están dirigidos a organizaciones públicas y privadas, así como a las personas y profesionales de la salud, educación y justicia que atienden a niñas, con el objetivo de que implementen políticas públicas favor de su atención en la región.
El documento plantea la articulación con el sistema educativo para la permanencia o reinserción escolar de la niña o adolescente y con las distintas instancias de encargados de la protección de las niñas, así como su seguimiento integral y atención psicosocial,
Además, que se establezca la continuidad del tratamiento de salud mental en las situaciones de violencia, la observancia de la situación de delito en caso de abuso para la presentación de la denuncia penal correspondiente y el acceso a la atención sexual y reproductiva e interrupción legal del embarazo (ILE).
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