Inmigración

Debaten cómo enfrentar reto migratorio sin ignorar derechos

(Foto/EFE)

TRUMP Y RUBIO TIENE OPINIONES CONTRAPUESTAS

Sol Elena Mendoza

El debate sobre cómo manejar la crisis migratoria en Estados Unidos volvió a intensificarse tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio. Mientras Trump insiste en la necesidad de expulsar de forma inmediata a inmigrantes acusados de delitos, Rubio advirtió que incluso los no ciudadanos tienen derecho al debido proceso judicial.

Trump, a través de su red Truth Social, aseguró que “no es posible juzgar a millones y millones de personas” y que, ante la amenaza de “asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso enfermos mentales”, se deben expulsar rápidamente para proteger al país. Para ello, su Administración invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para justificar la deportación masiva de migrantes.

Deportados sin antecedentes

La ley la han aplicado particularmente a venezolanos, a los que se les acusa de vínculos con el Tren de Aragua. Sin embargo, informes de medios como Bloomberg revelan que cerca del 90 % de los primeros migrantes enviados a El Salvador no tenían antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en Venezuela. Algunos fueron identificados como sospechosos únicamente por portar tatuajes, sin pruebas de actividades criminales.

Este enfoque de expulsiones rápidas, aunque busca actuar con contundencia frente al crimen organizado, ha desatado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y ha generado demandas judiciales por supuestas “desapariciones forzadas”. Además, un tribunal federal bloqueó temporalmente la aplicación de la ley invocada por Trump, en respuesta a estas preocupaciones.

Rubio defiende el debido proceso

En contraste, Marco Rubio, aunque respalda la política de deportaciones, subrayó en NBC News que “todos en Estados Unidos, ciudadanos o no, tienen derecho al debido proceso judicial”. Rubio argumentó que respetar este principio no impide aplicar las leyes de inmigración de manera estricta, pero evita errores que pueden dañar la credibilidad del sistema.

El problema de aplicar el debido proceso masivo radica en el colapso que podría suponer para el sistema judicial migratorio, ya sobrecargado. Pero eliminarlo completamente, como propone quienes quieren las deportaciones expeditas, podría conducir a la deportación de personas inocentes o vulnerables, como ha sucedido en algunos casos recientes reportados por Human Rights Watch.

Principio clave

Así, Estados Unidos enfrenta un dilema: proteger su seguridad nacional con rapidez o preservar los principios de justicia que históricamente han definido su identidad. El debate, lejos de resolverse, promete seguir creciendo en un año electoral clave.