América Latina

Critican intercambio de presos entre Bukele con Maduro

(Foto/EFE)

CALIFICAN AL SALVADOREÑO DE TENER DOBLE MORAL

Redacción El Comercio de Colorado

La diputada salvadoreña Claudia Ortiz, del partido opositor VAMOS, criticó la propuesta del presidente Nayib Bukele de intercambiar 252 venezolanos encarcelados en El Salvador por “presos políticos” en Venezuela. Ortiz afirmó que “el Estado no puede tener doble moral”, señalando que mientras se ofrece proteger los derechos de extranjeros, en El Salvador se siguen vulnerando los derechos fundamentales de miles de salvadoreños detenidos bajo el régimen de excepción.

La legisladora advirtió que en el país cualquier privado de libertad “está a la orden de lo que diga el Ejecutivo”, reflejando una preocupante erosión del Estado de Derecho. “Eso habla muy mal de nuestra democracia. Queremos vivir en un país donde no se abuse del poder”, remarcó Ortiz en declaraciones a medios locales. Desde marzo de 2022, el Gobierno de Bukele mantiene vigente un régimen de excepción que ha suspendido garantías constitucionales, bajo el argumento de combatir a las pandillas.

En este contexto, organizaciones humanitarias han documentado cerca de 7.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. El propio presidente Bukele reconoció recientemente que al menos 8.000 personas inocentes han sido capturadas por error. La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) calcula que unos 30.000 detenidos de los más de 85.000 arrestados durante la emergencia podrían ser inocentes.

Envío de la documentación

Pese a estos señalamientos, Bukele reiteró su propuesta a Nicolás Maduro, formalizada a través de la Cancillería salvadoreña. En un mensaje en la red social X, Bukele anexó la documentación enviada a Venezuela para gestionar el intercambio de los 252 venezolanos, quienes fueron deportados desde Estados Unidos y se encuentran recluidos en la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Las autoridades salvadoreñas no han aclarado bajo qué normativa mantienen a estos migrantes privados de libertad, ya que no enfrentan procesos penales abiertos ni han sido acusados formalmente por la Fiscalía. Además, diversas organizaciones denuncian que permanecen incomunicados con familiares y abogados, en condiciones que configuran una posible “desaparición forzada”, contraviniendo normas internacionales de derechos humanos.