América Latina

Maduro encarcela destacada defensora de Derechos Humanos

RECLUÍDA EN EL HELICOIDE| Rocío San Miguel enfrenta un proceso judicial por “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”. (Foto/EFE)

ONU CONDENA DESAPARICIÓN DE ROCÍO SAN MIGUEL

Redacción El Comercio de Colorado

El régimen de Nicolás Maduro ejecutó la detención de Rocío San Miguel, destacada activista venezolana de Derechos Humanos. El equipo legal de la activista venezolana Rocío San Miguel denunció el allanamiento de su vivienda tras su detención. San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue arrestada por presunta vinculación a un plan conspirativo contra el mandatario Maduro.

La defensa teme que se estén sembrando evidencias en su domicilio, lo que ha generado un clima de preocupación y tensión en el ámbito de los derechos humanos en Venezuela. Los tribunales decretaron la privación de libertad contra la activista, así como también contra Alejandro José González Canales, expareja de San Miguel, según confirmó uno de los abogados.

Salida de funcionarios de la ONU

La presidenta de Control Ciudadano fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pero su arresto fue confirmado dos días después por el fiscal, Tarek William Saab, por lo que su defensa insiste en que se trata de una “desaparición forzosa”. Saad aseguró que se procedió a la detención porque la activista “aparece textualmente mencionada” en una orden de operaciones de la trama conspirativa denominada “brazalete banco”.

La privativa de libertad de la activista fue condenada por la comunidad internacional y la ONU. En vista de esa postura, Maduro ordenó la salida de trece funcionarios extranjeros del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Esta medida sin precedentes en el continente

incluye la suspensión de las actividades de la oficina en Caracas. El gobierno acusa a la Comisión de actuar con parcialidad y de ser cómplice de grupos golpistas.

Todo el continente reacciona

Esta medida se produce en medio de tensiones internas y críticas externas por casos como el de San Miguel. Mientras tanto, la sociedad civil y diversas organizaciones denuncian un aumento de la represión y la persecución política en Venezuela en momentos que se espera el anuncio del cronograma para las elecciones presidenciales en el país. La comunidad internacional califica como grave la situación y evalúa posibles medidas a tomar.

Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay manifestaron su profunda preocupación por la detención de la activista. Estos países hicieron un enérgico llamado a las autoridades de Venezuela a liberarla. Mientras, Gustavo Petro, presidente de Colombia junto a su canciller hacen gestiones ante Maduro para que liberen a San Miguel y autoricen el retorno de los funcionarios de las Naciones Unidas a Venezuela.