Fiscal General de Colorado acusa de racismo a la Policía de Aurora

Denver/ Agencia Efe

El fiscal estatal de Colorado, Phil Weiser, acusó al Departamento de Policía de Aurora, la tercera ciudad más poblada de este estado, de mantener un patrón de trabajo basado en “prejuicios raciales”. El fiscal también señala como “uso excesivo de fuerza repetido, ilegal e inconstitucional”. Aurora cuenta con unos 390 mil habitantes, con un 44 por ciento de blancos, casi el 30 por ciento de hispanos y un 17 por ciento de afroamericanos.

Sin embargo, dice el informe presentado por Weiser, el Departamento de Policía de Aurora (APD) intencionalmente no representa esa diversidad étnica y a la vez arresta, detiene, interroga o multa a los latinos y a los afroamericanos con una frecuencia significativamente mayor que a los blancos. Las investigaciones de APD comenzaron hace dos años, luego de la muerte de Elijah McClain, un joven de 23 años que, al regresar a su casa luego de comprarse un helado, falleció tras un “violento encuentro” con uniformados de APD.

El documento destaca la disparidad entre el porcentaje de hispanos en la población de Aurora (28 por ciento) y en APD (10 por ciento), indicando que la decisión de no contratar a latinos (o a afroamericanos) infringe las leyes federales vigentes contra la discriminación racial en lugares de empleo. Por ejemplo, de 2018 a 2021, 1.073 candidatos latinos con los requisitos necesarios para ser policías se presentaron en APD, pero sólo 32 fueron aceptados. Y sólo 5 de los 454 candidatos afroamericanos fueron aceptados.

Como comparación, APD entrevistó a más de 2.800 candidatos blancos y contrató a 119 de ellos. En APD, las decisiones de contratación se toman a puertas cerradas, sin que existan documentos públicos que expliquen ese proceso. Por eso, dice Weiser, el 80 por ciento de los uniformados de APD son blancos, comparado con el 44 por ciento de blancos entre la población de Aurora. Más allá de la disparidad demográfica, el racismo se evidencia “en las interacciones policiales con las personas de color”, dice el reporte del fiscal.

Por ejemplo, durante los últimos tres años, el 31 por ciento de los latinos y el 65 por ciento de los afroamericanos de Aurora fueron detenidos, interrogados o multados por APD. Dicho de otro modo, APD “interactúa una vez y media más frecuentemente con gente de color que con blancos, un número mucho más alto de lo que podría anticiparse basándose en la población relativa”.

Por todo ello, Weiser intimó a APD a iniciar “de manera voluntaria” una “reforma significativa”, que será consensuada con la Legislatura local y con otras partes interesadas y que, de no cumplirse, obligaría a la intervención a autoridades federales.