¿Es constitucional limitar la ciudadanía por nacimiento?

LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN ESTÁ UTILIZANDO NARRATIVAS DE MIEDO EN LUGAR DE HECHOS VERIFICABLES PARA JUSTIFICAR MEDIDAS EXTREMAS.

Héctor Quiroga
Abogado de inmigración y defensor de los derechos humanos

En su primer día de regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas destinadas, según él, a restaurar la seguridad nacional y proteger la soberanía estadounidense. Entre estas medidas, una de las más polémicas es la reinterpretación de la Decimocuarta Enmienda, cuyo objetivo es limitar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes en situación migratoria irregular o temporal.

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece claramente que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos”. Este principio, conocido como derecho de ciudadanía por nacimiento, ha sido un pilar de los valores democráticos del país durante más de un siglo. La orden ejecutiva propuesta no solo contradice esta disposición constitucional, sino que también podría generar profundas divisiones sociales y desafíos legales de gran envergadura.

Cualquier intento de reinterpretar esta enmienda a través de una acción ejecutiva representa un conflicto directo con los principios constitucionales. En mi opinión como abogado de inmigración, dicha acción no solo es inconstitucional, sino que también abre la puerta a una cascada de litigios que podrían paralizar su implementación. Es probable que los tribunales de apelación y, finalmente, la Corte Suprema, sean los escenarios donde se definirá esta batalla legal.

El argumento de la invasión

El argumento de la administración actual se basa en la premisa de que los flujos migratorios, especialmente en la frontera sur, constituyen una amenaza existencial para la nación. Sin embargo, etiquetar esta situación como una “invasión” no solo distorsiona la realidad, sino que también fomenta una narrativa de miedo que legitima medidas extremas. Limitar la ciudadanía por nacimiento podría tener consecuencias desastrosas para miles de niños que, a pesar de haber nacido en territorio estadounidense, serían tratados como extranjeros en su propio país.

Además, estas políticas no se desarrollan en un vacío. La suspensión del programa de admisión de refugiados, la declaración de emergencia nacional y la designación de cárteles como organizaciones terroristas forman parte de un paquete de acciones que buscan redefinir la política migratoria y de seguridad de Estados Unidos. Aunque algunas de estas medidas pueden justificarse bajo la premisa de proteger a la ciudadanía, es crucial que se implementen respetando los derechos fundamentales y los compromisos internacionales adquiridos por el país.

“Catch and reléase” y ciudades santuario

El impacto social y económico de estas decisiones tampoco debe subestimarse. Políticas como la revocación del “catch-and-release” y la colaboración obligatoria de ciudades santuario podrían fragmentar aún más a las comunidades locales, además de afectar industrias clave como la agricultura, que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante.

Como nación, debemos reflexionar sobre las implicaciones de estas medidas y sobre el tipo de sociedad que queremos construir. La seguridad nacional no debe usarse como excusa para socavar principios fundamentales ni para sacrificar derechos humanos esenciales. Es hora de que los líderes, los tribunales y la ciudadanía se unan para defender los valores constitucionales que han definido a Estados Unidos como una tierra de oportunidades y justicia para todos.