Estados Unidos

Trump acude al Supremo para defender sus órdenes ejecutivas

CORTE DE APELACIÓN NEGÓ SU DERECHO A DESPEDIR A FUNCIONARIO

Redacción El Comercio de Colorado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrirá por primera vez al Tribunal Supremo para defender su ofensiva contra la Administración pública, buscando recortes de gastos y la lealtad de sus funcionarios. En concreto, el Gobierno de Trump ha preparado los documentos necesarios para solicitar al Supremo que le autorice a destituir a Hampton Dellinger, jefe de la Oficina de Asesoría Especial (OSC), el organismo encargado de proteger a quienes denuncian irregularidades dentro de la Administración.

Dellinger asumió en marzo de 2024, bajo el Gobierno de Joe Biden, el liderazgo de la OSC, una agencia que tiene entre sus prioridades defender a los empleados públicos de cualquier represalia por denunciar irregularidades dentro de la Administración. Trump ordenó su destitución el 7 de febrero, pero un juez bloqueó temporalmente la decisión. El sábado 15 de febrero, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, una instancia inferior al Tribunal Supremo rechazó el recurso de la Casa Blanca contra esa orden judicial.

Con ventaja en el Supremo

Trump parte con ventaja en el Tribunal Supremo, donde seis de los nueve jueces -incluidos tres designados por él en su primer mandato (2017-2021)- son conservadores. Además, el año pasado, el tribunal falló a favor de otorgar a Trump y a todos los futuros presidentes una amplia inmunidad por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, lo que en la práctica supuso una expansión sin precedentes del poder presidencial. El despido de Dellinger se enmarca en la ofensiva del nuevo Gobierno de Trump para reducir el gasto público.

Igualmente, la actual administración federal busca disminuir las funciones de la administración federal, una estrategia liderada por el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), bajo la supervisión del empresario Elon Musk. Como parte de este plan, también se ha desmantelado de facto la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada tras la crisis financiera de 2008, con sus oficinas cerradas y sus empleados en el limbo.