Jesús Sánchez Meleán
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En las últimas semanas, he recibido llamadas de colegas de todo Estados Unidos y América Latina preguntando sobre la situación en Aurora, Colorado. Ya está descartado el que bandas criminales, en particular la peligrosa banda criminal Tren de Aragua (TDA) haya tomado complejos de apartamentos y se encuentre controlando la ciudad. Esa afirmación es una exageración. Sin embargo, sí hay migrantes detenidos por actividad criminal e identificados como miembros del TDA.
Según un reporte reciente de la policía de Aurora, son 9 los individuos detenidos por actividades criminales que han sido identificados como miembros del TDA. De estos, cinco están bajo custodia de ICE. Otros cuatro venezolanos, esperan por la segunda comparecencia ante un juez en la corte de Denver. Ellos fueron acusados por el Fiscal Federal del Distrito de Colorado por haber supuestamente participado en el asalto a la Joyería El Ruby en Denver. Eso es lo que se sabe y resto lo sabe el grupo de tarea que investiga al TDA en Aurora y todo Colorado.
Sin embargo, es lamentable que Aurora siga como el centro de la controversia por una serie de incidentes relacionados con la inmigración venezolana. Una investigación adelantada por el Manhattan Institute for Policy Research y publicada por su medio electrónico “City Journal” aporta elementos importantes que permite entender el cómo se originó esta crisis. De acuerdo con la investigación realizada por Christina Buttons y Christopher F. Rufo, el accionar de dos organizaciones sin fines de lucro radicadas en Denver habría sido crucial en creación del problema.
Dos organizaciones sin fines de lucro
La investigación señala que dos organizaciones sin fines de lucro, ViVe Wellness y Papagayo, recibieron fondos sustanciales de la ciudad de Denver para ubicar y ayudar a estos migrantes llegados a partir de noviembre del 2022. Según el reporte de “City Journal”, estas ONG, que no parecían tener experiencia previa en el reasentamiento a gran escala de migrantes, recibieron millones de dólares en contratos para proporcionar viviendas y servicios a más de 8,000 migrantes, principalmente venezolanos. Estas ONG habrían enviado a Aurora a muchos de estos migrantes.
Los autores del reporte aseveran que Papagayo, una de las organizaciones mencionadas, negoció con CBZ Management, la empresa propietaria de los complejos de apartamentos The Aspen Grove, Whispering Pine Apartment y The Edge of Lowry para colocar a los migrantes en estos edificios en el área de east Colfax en Aurora. Ese fue solo el principio. Los acontecimientos recientes que hemos visto en las noticias han tenido lugar en estos tres complejos de apartamentos.
El primero de estos complejos fue clausurado a principios de agosto por violación a los códigos de salubridad de la ciudad. Del Aspen Grove fueron desalojados cerca de 600 migrantes que los ocupaban. Los dos restantes complejos de apartamentos, Whispering Pine Apartment y The Edge of Lowry, pueden correr la misma suerte, por la misma causa, o puede ser declarados inhabitables por “molestia criminal”. Están más que documentadas las condiciones en las cuales los migrantes vivían esos apartamentos.
La pregunta que surge es: ¿cómo estos migrantes venezolanos llegaron a Aurora y por qué las organizaciones responsables de su reasentamiento [Vive Wells y Papagayo] no tomaron medidas más efectivas para garantizar la seguridad de la comunidad? Es que la investigación sugiere que la falta de experiencia y la gestión inadecuada de estos programas contribuyeron a la situación actual. Uno le pregunta a los funcionarios de la ciudad de Denver, ¿estaban ustedes al tanto de las acciones de estas organizaciones según señala el “City Journal”?
Confesión de un trabajador de CBZ
Según un exempleado de CBZ Management, citado en el reporte, las garantías dadas por las ONG sobre la estabilidad laboral y financiera de los migrantes resultaron ser exageradas o falsas. Con estos soportes cuestionables se facilitó la concentración de migrantes en esos complejos de apartamentos. Estos complejos posteriormente habrían experimentado un deterioro de su estructura y en ellos se habría presentado un aumento de actividades delictivas y problemas de seguridad.
Este escenario pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las ONG y las autoridades locales. Es imperativo entender si hubo una debida diligencia por parte de las organizaciones y las autoridades a cargo de la reubicación de estos migrantes. ¿Interactuaron estas ONG con los dueños de CBZ de manera adecuada? ¿Qué medidas se tomaron para prever y mitigar los posibles problemas que los migrantes iban a sufrir y los problemas que ellos iban a causar? ¿Qué pasó con el aplicación del sistema de administración de casos, o “case management” del que habla la oficina de nuevos migrantes de Denver?
Llamado público
ViVe Wellness y Papagayo deben explicar detalladamente su papel en este proceso. Es fundamental que estas organizaciones aclaren hasta qué punto son parte del problema que enfrenta Aurora con la crisis que afecta a los migrantes. Además, los funcionarios de la ciudad de Denver responsables de estos programas y de supervisar a estas dos organizaciones deben responder por las decisiones tomadas y sus consecuencias. La comunidad tiene derecho a conocer la verdad detrás de esta crisis y las acciones que se tomarán para resolverla.
Lea el reporte Chaos in Aurora
https://www.city-journal.org/article/chaos-in-aurora
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