Lasso disuelve congreso y adelanta elecciones en Ecuador

EJERCIÓ SU DERECHO A LA DEFENSA EN EL JUICIO DE CENSURA EN SU CONTRA| El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional en Quito. (Foto/EFE)

EL PARLAMENTO DOMINADO POR EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA

Redacción El Comercio de Colorado

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recurrió a la herramienta constitucional de la “muerte cruzada”, por la que disuelve la Asamblea Nacional y adelanta las elecciones generales. El parlamento actual tenía una mayoría opositora liderada por los partidarios del ex presidente Rafael Correa.

“Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente, cada día se profundiza”, dijo Lasso en el inicio de su mensaje. Ese parlamento dominado por el “correísmo” acusa a Laso de un supuesto delito de peculado (malversación).

Anticiparse a la votación en la asamblea

Laso decidió no esperarse al resultado de la votación de la moción de censura que se llevaría a cabo en la Asamblea. Él argumentó que los seguidores de Correa estaban creando una “grave conmoción política e interna”. Producto del envite del “correísmo”, Laso tenía alta probabilidad de ser destituido al no contar con votos en la asamblea que le permitieran seguir en el cargo.

De esta forma, Lasso sacrifica parte de la segunda mitad de su mandato a cambio de evitar una posible destitución. La acusación de los partidarios de Correa es por corrupción en unos contratos de transporte marítimo de petróleo. Esos contratos habrían sido ejecutados con condiciones supuestamente perjudiciales para el Estado.

Demanda de inconstitucionalidad

Las reacciones no se hicieron esperar. Rafael Correa aseguró que la aplicación de la “muerte cruzada” en medio del juicio político de censura era ilegal. Mientras, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, habló de un “autogolpe” de Estado.

El correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), los principales promotores del juicio político contra Lasso rechazaron el argumento de que existe una grave crisis política e interna. Voceros de esos partidos cuestionaron la legitimidad del movimiento de Lasso, al que acusaron de usar la “muerte cruzada” para evitar una probable destitución.

En ese sentido, el PSC ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Esa corte autorizó el juicio político por peculado (malversación) pero no por el de concusión. Esta fue la acusación más mediática al involucrar una supuesta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecía el empresario Danilo Carrera.

La asambleísta Marcela Holguín, afín al expresidente Correa, aseguró que es una medida de un “presidente desahuciado” que “se aferra al poder” y se niega “irse a su casa”. En cambio, el excandidato presidencial por el movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez, no vio ilegalidad en la medida tomada por Lasso al ser una “salida constitucional”.

Nuevas elecciones en el horizonte

El expresidente Lenín Moreno (2017-2021) se mostró partidario de la medida y solicitó unidad para evitar que el correísmo triunfe en las próximas elecciones generales. Moreno, que al ocupar la Presidencia se distanció del correísmo, pidió que no se repita lo ocurrido en febrero cuando el gobierno perdió el referéndum para aplicar reformas a la Constitución.

Revolución Ciudadana, el partido de Correa, fue el triunfador de las elecciones locales del pasado 5 de febrero. Ese resultado dejó a Lasso en su momento más débil en sus casi dos años de mandato, y fue aprovechado por la oposición para lanzar el juicio político. Se celebrarán elecciones generales en un plazo de unos seis meses.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyo brazo político es Pachakutik, decidirá si sale a las calles a protestar contra la “muerte cruzada” como había anticipado si se daba este escenario. Ante esas posibles protestas, el ministro del Interior, Juan Zapata, advirtió que la Policía sólo actuará “si el orden constituido se viera afectado”.