PIDEN SENTIDO COMÚN| Mike Coffman y Mike Johnston han fijado posición sobre las redadas y deportaciones que busca ejecutar la administración Trump. (Fotos/El Comercio de Colorado)
SON AMENAZADAS CON NO RECIBIR FONDOS FEDERALES Y SER IMPUTADAS DE OBSTRUCCIÓN.
Redacción El Comercio de Colorado
La administración Trump ha intensificado su presión sobre las llamadas ciudades santuario, buscando obligarlas a cooperar con las políticas migratorias federales. En una entrevista reciente, el presidente Trump sugirió que podría cortar los fondos federales a las jurisdicciones que no entreguen a inmigrantes indocumentados en sus territorios.
“A veces, eso es lo único que puedes hacer”, afirmó el mandatario. Esta declaración ha generado preocupación en estados como Colorado, donde la legislación estatal limita la colaboración entre las fuerzas locales de seguridad y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Además, un memorándum del Departamento de Justicia (DOJ), firmado por el fiscal general adjunto Emil Bove, señala que los fiscales federales están instruidos para investigar y potencialmente presentar cargos criminales contra autoridades locales y estatales que interfieran o impidan la implementación de las políticas migratorias federales.
El alcance de las acciones legales
Este documento menciona específicamente la posibilidad de acusar a estas autoridades de conspiración o de violar leyes contra el “albergue” de personas indocumentadas. El DOJ dice estar preparado para demandar a jurisdicciones que adopten políticas que “obstruyan” o “amenacen con impedir” las operaciones de captura y deportación de inmigrantes.
Esto incluye el uso de recursos judiciales para desafiar leyes locales y estatales que limiten la cooperación con ICE. Además, el documento ordena a los fiscales federales en todo el país priorizar los casos relacionados con violaciones migratorias y garantizar que las decisiones de no procesar estas infracciones sean notificadas al liderazgo del DOJ.
Sin embargo, expertos legales han señalado que estas amenazas podrían enfrentar obstáculos importantes en los tribunales. “No hay nada que obligue a las autoridades locales a colaborar con las federales, incluso en temas criminales”, comentó Robert J. McWhirter, abogado especializado en inmigración.
¿Obstrucción en Denver y Aurora?
Las posturas de los alcaldes de Denver y Aurora, Mike Johnston y Mike Coffman, respectivamente, han planteado preguntas sobre si sus acciones podrían interpretarse como obstrucción bajo las nuevas directrices. Johnston ha declarado que su ciudad colaborará con ICE solo en casos de criminales violentos, pero se opondrá legalmente a redadas en escuelas, hospitales e iglesias.
Por su parte, Coffman ha reiterado que Aurora no aplicará leyes migratorias federales y ha pedido “sentido común” en la implementación de las capturas en los sitios públicos sensibles. Ambos alcaldes defienden que sus posturas están en línea con la legislación estatal de Colorado que limita la colaboración de las policías con ICE sin una orden judicial.
A pesar de esto, el memorándum del DOJ deja abierta la posibilidad de que dichas posturas puedan ser investigadas bajo acusaciones de conspiración o resistencia a las políticas migratorias. Mientras tanto, tanto Johnston como Coffman han reafirmado su compromiso de proteger a sus residentes y defender los valores de sus ciudades.
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