EN SAN SALVADOR| Un militar hace guardia en un punto de control en la Comunidad Iberia. El gobierno de El Salvador mantiene retenes y puntos de control en comunidades de diferentes municipios del país. (Foto/EFE)
INFORMES SOBRE PANDILLAS TENDRÍAN HASTA 15 AÑOS DE CÁRCEL
Redacción El Comercio de Colorado
Con la publicación en el Diario Oficial de El Salvador, se va a castigar hasta con 15 años de prisión la publicación de “cualquier manifestación escrita” que aluda al “control territorial” de las pandillas. Con toda razón el gremio periodístico cataloga de “mordaza” la reforma penal que ahora está vigente en El Salvador. Las reformas fueron pedidas por el Gobierno de Nayib Bukele y aprobadas por el Congreso sin ningún estudio. Se trata de dos reformas. Una de las reformas se aplica a la Ley de Proscripción de Pandillas y la otra es la del Código Penal.
La primera reforma prohíbe a los medios de comunicación “la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población”. Mientras, la reforma al Código Penal impone penas de 10 a 15 años de cárcel a cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas” o que transmitan amenazas a la población.
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga, indicó en una conferencia de prensa que consideran “estas reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación”. La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, calificó de “grave” esta “reforma que criminaliza hasta pintar un grafiti sobre maras y la publicación de información sobre ellas en medios si generan ‘zozobra'”.
Justificación de Bukele
Las reformas también castigan con prisión a quien “elaborare, participare en su elaboración, facilitare o fabricare, textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado, que explícita o implícitamente transmitan mensajes” de las pandillas. En las comunidades de El Salvador es común observar grafitis para marcar una especie de frontera entre las zonas con presencia de grupos contrarios. En el país operarían unas 400 organizaciones delictivas con las características de las pandillas.
El presidente salvadoreño comparó las reformas del Código Penal y de la otra legislación con la lucha de Alemania por erradicar el nazismo. “Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo”, dijo Bukele. Las enmiendas legales se aprobaron en el marco de un régimen de excepción dictado por el Congreso desde el 27 de marzo a raíz de una escalada de homicidios.
Acusaciones sin prueba
Por otro lado, el presidente Bukele advirtió a las pandillas que si incrementan los homicidios en el país, quitarán la comida en las cárceles donde se encuentran presos. “Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Así que mejor que estén tranquilos y déjense arrestar”, dijo Bukele durante un evento de graduación de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) que fue transmitido por redes sociales.
El mandatario ha vinculado el accionar de las pandillas con sectores nacionales e internacionales que han hecho criticas sobre su gestión como presidente. Bukele no presentó ningún tipo de pruebas o evidencias relacionadas con sus acusaciones. El presidente salvadoreño dijo que las pandillas son el “brazo armado” de las organizaciones humanitarias, comunidad internacional y partidos opositores. Igualmente, Bukele dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los periodistas son “socios de los pandilleros.”
Estado de excepción
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción dictado por la Asamblea Nacional. Esa medida excepcional que suspende todo tipo de garantías constitucionales fue dictada a raíz de una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas. Al aplicar el estado de excepción, las fuerzas de seguridad han aplicado arrestos masivos en distintas áreas del país. Estiman que hasta el momento han capturado a 5.747 supuestos pandilleros, mientras familiares de los detenidos buscan información y han denunciado agresiones.
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