Supremo ordena la prisión a instigador de rebelión

INSURRECTOS| La intentona golpista dejó 1.500 detenidos, aunque 599 fueron puestos en por “cuestiones humanitarias”. (Foto/EFE)

ANDERSON TORRES, EXMINISTRO DE BOLSONARO

Brasilia/ Agencia Efe

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó la prisión de Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), en el marco de la investigación por los actos golpistas en Brasilia. Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, cuando miles de simpatizantes radicales de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, en un intento por derrocar al mandatario Luis Ignacio Lula da Silva.

“Fue ordenada la prisión del exsecretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres. Una acción más de la Justicia para mostrar que las instituciones funcionan y no toleran la barbarie”, anunció en sus redes sociales el senador Randolfe Rodrigues, portavoz del Gobierno de Lula en la Cámara Alta. La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien también dictó el arresto del excomandante de la Policía Militar de Brasilia Fábio Augusto Vieira y responde a una petición de la Abogacía General del Estado.

Según la prensa local, Torres, un fiel aliado de Bolsonaro, se encuentra actualmente en Estados Unidos, adonde viajó de vacaciones tras asumir la Secretaría de Seguridad de Brasilia. No obstante, la Policía Federal ha registrado la casa de Torres en Brasilia en busca de pruebas. Bajo su gestión como responsable de la seguridad de la capital brasileña, miles de bolsonaristas radicales vagaron con total libertad por las sedes de los tres poderes y destrozaron mobiliario de gran valor durante cuatro horas.

Insurrección con anuencia de la policía

Torres fue cesado del cargo el mismo dia de la rebelión por el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha. El gobernadora horas más tarde fue apartado temporalmente de sus funciones, por orden del propio De Moraes, por su supuesta omisión a la hora de detener a la horda bolsonarista que asaltó las sedes de los tres poderes. Según videos divulgados por la prensa brasileña, algunos policías se quedaron mirando mientras los grupos extremistas invadían las instalaciones públicas y hasta tomaron fotografías del momento con sus celulares.

El Gobierno de Lula sospecha que la insurrección bolsonarista fue posible gracias a la anuencia de las fuerzas policiales de Brasilia. En este sentido, decretó una intervención federal del área de seguridad de la capital brasileña hasta el próximo 31 de enero. La medida supone que las corporaciones policiales locales estarán durante ese periodo bajo control directo de la Administración central, a través de un interventor, Ricardo Cappelli, quien a su vez sigue órdenes directas de Lula.

Bloqueo de bienes de Bolsonaro

Un fiscal solicitó al Tribunal de Cuentas de Brasil el bloqueo de bienes del expresidente Jair Bolsonaro por el asalto a los tres poderes cometido por sus seguidores más radicales. El subprocurador general del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas, Lucas Rocha, justificó su demanda “en razón del proceso de prestación de cuentas y del vandalismo ocurrido” en la capital brasileña el pasado 8 de enero, “que provocó innumerables perjuicios al erario federal”.

El fiscal no menciona en su escrito cuál es la supuesta vinculación entre la tentativa de golpe perpetrada por el bolsonarismo radical y el exmandatario ultraderechista. El presidente Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, ha acusado directamente a Bolsonaro de “estimular” a sus seguidores a atentar contra las instituciones. Por su parte, el capitán retirado del Ejército se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 30 de diciembre.

Lula reprobó la intentona golpista de sus partidarios, aunque de una forma tibia. Algunos parlamentarios brasileños ya han pedido a la Justicia que actúe para obligar a Bolsonaro a regresar al país con la idea de que esclarezca su presunta responsabilidad en los actos “terroristas” y “golpistas” vividos en Brasilia. El exjefe de Estado (2019-2022) tiene además varias causas pendientes con los tribunales relacionadas con la difusión de noticias falsas.