EEUU autoriza fondos para defensa de Maduro

DECISIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EEUU

Redacción El Comercio de Colorado

Estados Unidos dio un giro clave en el proceso judicial contra Nicolás Maduro al autorizar que el gobierno de Venezuela financie su defensa legal y la de su esposa, Cilia Flores, ambos detenidos en Nueva York y acusados de narcotráfico. La decisión, emitida por el Departamento del Tesoro el 25 de abril de 2026, marca un cambio relevante en la aplicación de sanciones y en el desarrollo del caso.

Hasta ahora, las restricciones impuestas por Washington impedían que fondos del Estado venezolano fueran utilizados para cubrir honorarios legales, lo que había generado un conflicto judicial. La defensa argumentaba que esa limitación violaba el derecho constitucional de los acusados a elegir libremente a sus abogados, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La nueva medida, canalizada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, permite pagos directos a los abogados bajo condiciones estrictas. Según un documento firmado por el fiscal federal Jay Clayton y enviado al juez Alvin Hellerstein, los fondos deberán haber estado disponibles para el gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026 y no podrán provenir de ingresos petroleros regulados ni de cuentas bloqueadas bajo supervisión internacional.

Se destraba el proceso judicial

La autorización resuelve uno de los principales obstáculos legales del caso. Los abogados de Maduro y Flores habían solicitado la desestimación de los cargos argumentando que no podían acceder a una defensa adecuada debido a las sanciones. Tras la decisión del Tesoro, esa moción fue retirada.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, enfrentan cargos graves que incluyen conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de alto poder. Ambos se han declarado no culpables y permanecen recluidos en una prisión federal de máxima seguridad en Brooklyn, en instalaciones separadas.

El caso se encuentra aún en etapa preliminar, y se estima que el juicio podría tardar entre uno y dos años en comenzar, mientras se completa la recopilación de pruebas y audiencias iniciales.

EEUU autoriza fondos para defensa de Maduro

Un caso de alto impacto político

La captura de Maduro y Flores el 3 de enero de 2026 en Caracas, durante un operativo militar de gran escala liderado por Estados Unidos, marcó un punto de quiebre en la relación bilateral. La operación involucró aviones, helicópteros y tropas terrestres, en una de las acciones más complejas realizadas fuera del territorio estadounidense en los últimos años.

Desde entonces, el panorama político en Venezuela cambió radicalmente. La exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina, mientras Washington mantiene control de facto sobre parte de los ingresos petroleros venezolanos, canalizados a través de cuentas supervisadas.

La decisión de permitir el uso de esos recursos para la defensa legal refleja un delicado equilibrio entre la política de sanciones y el respeto al debido proceso en el sistema judicial estadounidense.

Debate sobre soberanía y justicia

El caso también ha reavivado el debate sobre el alcance de las sanciones internacionales y su impacto en derechos fundamentales. Mientras algunos sectores consideran que la medida fortalece el principio de justicia al garantizar una defensa adecuada, otros cuestionan que fondos estatales venezolanos puedan ser utilizados en un proceso judicial en Estados Unidos.

Por ahora, no existe indicio de un acuerdo político entre ambos países para una eventual liberación de Maduro, pese a rumores que han circulado en redes sociales y que han sido desmentidos por diversas fuentes.

Con esta decisión, el proceso judicial entra en una nueva fase, en la que el foco se desplaza del acceso a recursos hacia el fondo del caso: las acusaciones de narcotráfico que podrían definir el futuro legal y político de una de las figuras más polémicas de América Latina.