A PARTIR DEL 24 DE ABRIL
Redacción El Comercio de Colorado
Una nueva crisis migratoria se avecina en Estados Unidos tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de revocar el programa de “libertad condicional” que amparaba a unos 530.000 migrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Este beneficio, que permitía residir y trabajar temporalmente en el país bajo el patrocinio de un ciudadano o residente legal, quedará sin efecto a partir del 24 de abril, dejando a los beneficiarios expuestos a la deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que el programa “no aporta un beneficio público significativo” y que ha contribuido al colapso del sistema migratorio al aumentar el número de casos pendientes. Actualmente, existen 3,6 millones de solicitudes abiertas en los tribunales migratorios. Aunque muchos beneficiarios ya han solicitado asilo u otro tipo de alivio legal, quienes no tengan una base legal alternativa deberán abandonar el país o enfrentarán procesos de deportación.
Ultimátum
La revocación del beneficio también implica la cancelación inmediata de los permisos de trabajo emitidos bajo este programa, así como de las solicitudes de permisos de viaje. El DHS advirtió que aquellos que salgan voluntariamente del país deberán reportar su salida a través de la aplicación CBP Home, que incluye herramientas de geolocalización. La medida ha generado una fuerte reacción de organizaciones proinmigrantes.
Todd Schulte, presidente de FWD.us, calificó la decisión como “un error profundo” que afectará no solo a las comunidades migrantes, sino también a la economía estadounidense. Según datos de la organización, la cancelación del programa pone en riesgo más de 240.000 empleos ocupados por beneficiarios de “libertad condicional”, incluidos 40.000 en la industria manufacturera, 30.000 en hostelería, 30.000 en construcción y 30.000 en el sector salud.
Schulte recordó que el uso de este tipo de permisos humanitarios ha sido una herramienta utilizada por presidentes de ambos partidos durante décadas. Alertó que el enfoque restrictivo de Trump también amenaza programas similares que han beneficiado a más de 270.000 ucranianos y 70.000 afganos. “Deberíamos mejorar estas vías legales, no eliminarlas”, advirtió.
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