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Redacción El Comercio de Colorado
El presidente Joe Biden no renovará los contratos de la administración federal con las empresas que gestionan cárceles privadas. La decisión busca aumentar la seguridad en esos recintos y atajar la discriminación que sufren afroamericanos e hispanos. En 2016, en un intento por reformar el sistema penal, el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) implementó una normativa para reducir los contratos del Ejecutivo con compañías privadas; pero su sucesor, Trump, anuló esa norma poco después de llegar a la Casa Blanca en 2017.
Algunas de las compañías que gestionan cárceles donaron grandes cantidades de dinero a Trump durante su campaña para las elecciones de noviembre, en las que ganó Biden. Entre los donantes del exmandatario figuraban GEO Group y CoreCivic, que también regentan centros de detención para inmigrantes indocumentados y vieron crecer sus beneficios bajo la Administración de Trump. La orden de Biden solo afecta a las cárceles federales que gestionan esas empresas y no a los centros de detención de inmigrantes.
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