Jueza 30 penal decreta la libertad de Álvaro Uribe

Bogotá/ Agencia Efe

La jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, levantó la detención domiciliaria a Álvaro Uribe. La decisión de la jueza ocurre días después de haber escuchado, en una audiencia virtual, los argumentos de los dos lados. La propia juez explicó que “se trata de una determinación de fondo frente a la petición elevada por la defensa y que resume y atiende los argumentos que han presentado las partes en este debate tan complejo”.

El ex presidente y ex senador colombiano, se encontraba en arresto domiciliario por orden de la Corte Suprema de Justicia desde el pasado 4 de agosto. A Uribe se le juzga por un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos. El abogado de la defensa, Jaime Granados, pidió que se le permitiera a Uribe responder al proceso que se le sigue en libertad. Uribe renunció a su escaño en el Senado, con lo cual el caso pasó de ese alto tribunal a la Fiscalía.

Argumentos en discusión

El exvicefiscal general Jorge Perdomo, acreditado como víctima, venía asegurando que la decisión de la jueza debía ser desfavorable para Uribe. Este abogada consideraba que la petición de la defensa no cumplía con “los principios de validez o invalidez de los actos”. Perdomo argumentó que el expresidente, renunció a su escaño en el Senado para que no lo juzgara la Corte, recurrió a “la teoría del borrón y cuenta nueva”.

Mientras, María Lourdes Hernández Mindiola, representante de la Procuraduría, pidió que a Uribe se le permita responder al proceso en libertad. Según Mindiola, al pasar su caso de la Corte Suprema a la Fiscalía, y al definir el mismo tribunal que el proceso se debe conducir por la Ley 906 de 2004, como pidió la defensa, y no por la Ley 600 del año 2000, “las reglas de juego son diferentes”. “Esta representante de la sociedad considera que debe garantizársele al procesado Álvaro Uribe Vélez la aplicación del debido proceso”, dijo.

Proceso de ocho años

Este proceso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra en el Congreso por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso archivó la causa y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.