Otro tribunal rechaza política de negar fianza a migrantes detenidos

Por Kate Brumback

Associated Press

Una corte de apelaciones en Atlanta rechazó una política del gobierno del presidente Donald Trump de no conceder fianza a personas en procesos migratorios, profundizando aún más una división entre tribunales federales de apelaciones sobre si se puede mantener detenidas a las personas mientras sus casos están pendientes. Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 11º Circuito emitió el fallo 2-1 el miércoles.

El 2º Circuito llegó a la misma conclusión en abril, mientras que los tribunales de los circuitos 8º y 5º ratificaron previamente la política vigente desde julio. En tanto, un panel del 7º Circuito se dividió el martes en tres posturas: un juez rechazó la política del gobierno, otro coincidió con ella y un tercero declinó pronunciarse al respecto. Ante la profunda división en los tribunales, la Corte Suprema de Estados Unidos podría ser llamada a resolver la cuestión.

La apelación resuelta por el 11º Circuito se originó de fallos de tribunales de menor instancia en los casos de dos mexicanos que vivían en Estados Unidos sin autorización desde 2019 y 2015 y fueron arrestados durante paradas de tráfico en Florida en septiembre, tras lo cual fueron sometidos a procesos de deportación.

DHS ordenó negar las fianzas

La política actual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es la de negar audiencias de fianza a personas detenidas por violaciones de inmigración, incluidas aquellas que llevan años en el país y no tienen antecedentes penales. Anteriormente, a la mayoría de los inmigrantes sin historial delictivo que no habían sido arrestados en la frontera tenían permitido solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos migratorios estaban pendientes.

A menudo se concedía la fianza si no se consideraba que la persona representara riesgo de fuga. La detención obligatoria, por lo general, se reservaba para personas que acababan de ingresar a Estados Unidos. El DHS “está en un marcado desacuerdo con el panel del Undécimo Circuito y confía en su posición legal respecto a la detención obligatoria”, dijo un portavoz de la agencia en un comunicado.

La dependencia citó opiniones de la Junta de Apelaciones de Inmigración, de los otros dos tribunales de apelaciones que fallaron a su favor y del voto disidente en este caso. “El presidente Trump y el secretario Mullin hacen cumplir actualmente la ley tal como fue realmente escrita para mantener a Estados Unidos seguro”, dijo el DHS.

Poder ejecutivo sin autoridad irrestricta

El fallo del 11º Circuito fue redactado por el juez Stanley Marcus, designado por el expresidente Bill Clinton, un demócrata, y contó con el respaldo de la jueza de circuito Robin Rosenbaum, nombrada por el expresidente Barack Obama, también demócrata. La jueza de circuito Barbara Lagoa, designada por Trump, discrepó.

El fallo señala que la mayoría no quedó “convencida por la reinterpretación del gobierno” de una sección de la ley federal que, según indica, limita la detención sin fianza de personas que están “solicitando admisión” al país. “En pocas palabras, el lenguaje que el Congreso ha elegido utilizar no otorga al Poder Ejecutivo una autoridad irrestricta para detener, sin posibilidad de fianza, a todo extranjero no admitido que se encuentre en el país”, afirma el fallo.

Otro tribunal rechaza política de negar fianza a migrantes detenidos

Al leer las palabras del estatuto, “nos parece que el Congreso, en cambio, ha preservado la distinción histórica entre frontera e interior para fines de detención, una posición que ha sostenido durante más de cien años”. Lagoa discrepó de la opinión mayoritaria y concluyó: “No hay disputa de que los extranjeros presentes ilegalmente son solicitantes de admisión conforme a la disposición de presunción”.

Según la Ley de 1996

“El argumento de la mayoría equivale a afirmar que la disposición se ajusta mejor a los extranjeros que llegan. Tal vez sea así”, escribió, pero añadió que “un encaje más cómodo no nos permite interpretar una excepción” dentro de la ley. Abogados del gobierno han sostenido que la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 respalda la política de detención obligatoria.

Esa ley simplificó el proceso para deportar a recién llegados que carecían de autorización para estar en el país, pero otra ley distinta permitió que personas que ya estaban en el país pudieran solicitar fianza a un juez de inmigración. Pero Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), manifestó en julio que todas las personas sometidas a procesos de deportación serían tratadas igual que los recién llegados.

Otro tribunal rechaza política de negar fianza a migrantes detenidos

Al no poder pedir fianza a un juez de inmigración, los detenidos están presentando recursos de hábeas corpus en tribunales federales para impugnar su detención. Eso está generando una carga de trabajo aplastante para los tribunales federales, con más de 30.000 demandas presentadas por personas detenidas sin fianza mientras el gobierno de Trump sigue con las deportaciones masivas.