noviembre 25, 2020

Renuncia en protesta Fiscal Jefe de la Unidad de Delitos Electorales del Departamento de Justicia

Jefe de la Unidad de Delitos Electorales

RECHAZA PETICIÓN DE INVESTIGAR ACUSACIONES DE ACTOS IRREGULARES EN ELECCIONES ANTES QUE CULMINE EL ESCRUTINIO EN VARIOS ESTADOS.

Redacción El Comercio de Colorado

La cadena de noticias CNN dio a conocer en la noche del lunes 9 de noviembre que el fiscal principal de delitos electorales del Departamento de Justicia renunció a su cargo. Según CNN, la renuncia se habría producido en protesta después de que el Fiscal General William Barr instruyó a los fiscales federales que deberían examinar las acusaciones de irregularidades en la votación antes de que los estados actúen para certificar los resultados en las próximas semanas.

Richard Pilger, director de la rama de delitos electorales en la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, dijo a sus colegas en un correo electrónico que el fiscal general estaba emitiendo “una nueva política importante que deroga la Política de No Interferencia en las investigaciones de fraude electoral en el período anterior a las elecciones certificadas y sin oposición”. Pilger afirma que esta política tiene al menos cuarenta años de vigencia.

Las instrucciones

Barr, instruyó este lunes a todos sus subordinados a que investiguen supuestas irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales antes de que los resultados sean definitivos. “Autorizo a investigar denuncias sustanciales de irregularidades en el voto o en la tabulación del voto andes antes de la certificación de las elecciones en sus jurisdicciones en ciertos casos, como ya he hecho yo en instancias específicas”, dijo Barr en un memorando a sus fiscales.

“Dichas investigaciones y revisiones pueden realizarse si existen denuncias claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían potencialmente afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto”, añadió. El fiscal general (ministro de Justicia) del presidente, Donald Trump, instruyó también a sus fiscales que descarten denuncias de casos que, de ser ciertos, no afectarían al resultado final, ya que estos pueden retomarse una vez certificados los resultados.

Desplazar el poder de los estados

En el memorando, Barr mostró su preocupación por los protocolos existentes en el Departamento para una investigación de este tipo, que señalan específicamente que no deben activarse hasta que los resultados son oficiales. Barr consideró estos protocolos, que tienen como objetivo que sean los estados y no el Gobierno federal quién decida las elecciones, “pasivos y demorados” y dijo que “pueden dar lugar a situaciones en las que una mala conducta electoral no pueda rectificarse de manera realista”.

Con esta orden, Barr puso a los fiscales federales al servicio de la estrategia de Trump, que no ha reconocido su derrota en los comicios de la semana pasada frente al presidente electo, Joe Biden, y denuncia sin pruebas un fraude electoral de grandes dimensiones. La campaña del mandatario saliente, así como el Partido Republicano, han interpuesto más de una decena de demandas -algunas ya retiradas- en varios estados denunciando supuestas irregularidades, pero aunque esos casos fuesen ciertos no parecen ser suficientes para revertir el resultado.

Para ganar las elecciones en los tribunales, Trump debería darle la vuelta al escrutinio en Pensilvania, Georgia y Nevada o Arizona, todos ellos estados en los que Biden ya ha sido declarado ganador o lidera el escrutinio de forma clara.


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