GEO Group demanda a Colorado para frenar inspecciones sanitarias

CONFLICTO POR VISITAS TRIMESTRALES DEL CDPHE

Redacción El Comercio de Colorado

La corporación de prisiones privadas GEO Group presentó una demanda formal contra el estado de Colorado con el objetivo de bloquear la implementación de una nueva ley que exige supervisiones constantes de salud y seguridad en sus instalaciones migratorias. El conflicto legal surge tras la reciente aprobación de la ley HB26-1276, firmada por el gobernador de Colorado a principios de junio de dos mil veintiséis.

Esta legislación otorga al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado la facultad de realizar inspecciones obligatorias como mínimo cada tres meses en el centro de detención de Aurora, imponiendo además una multa civil de cincuenta mil dólares si la empresa privada niega el acceso a los inspectores estatales.

Los representantes legales de GEO Group radicaron la demanda bajo el argumento de que la normativa estatal interfiere de manera inconstitucional con las operaciones de carácter federal. La compañía sostiene que el estado intenta regular un área que compete exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos y a agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Según la demanda, la medida viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense, altera de forma negativa sus contratos federales vigentes y genera una carga administrativa innecesaria que elevará los costos de operación debido a las visitas inesperadas.

Defensa de la supervisión médica

Por su parte, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, manifestó que defenderá la legislación estatal ante los tribunales. Las autoridades locales y diversas organizaciones de derechos humanos sostienen que las supervisiones trimestrales resultan indispensables para garantizar condiciones de vida humanas, nutrición adecuada y servicios médicos transparentes para los internos.

Los promotores de la ley recuerdan que el establecimiento privado de Aurora acumula años de constantes denuncias comunitarias por hacinamiento e insalubridad, lo que justifica la intervención regulatoria del estado.