Por Jesús Sánchez Meleán
El llamado urgente de un grupo de representantes demócratas al presidente Biden para que emita una orden ejecutiva que proteja a millones de inmigrantes sin estatus ha puesto sobre la mesa un tema sensible y apremiante. Si bien es cierto que una medida de este tipo podría tener un impacto significativo, debe quedar claro, que la solución de fondo requiere acciones más sostenibles y estables por parte del Congreso.
Históricamente, las órdenes ejecutivas han sido medidas temporales y frágiles, sujetas a cambios políticos y legales. La experiencia con las órdenes ejecutivas de Obama para proteger a los dreamers y a sus padres, así como la incertidumbre actual sobre la enmendada versión de DACA, evidencian la tarea pendiente que tienen los representantes y senadores que han integrado y que van posiblemente a integrar un nuevo congreso desde enero de 2025.
Existe presión sobre el presidente, especialmente en un contexto electoral. Pero, se debe recordar que la verdadera responsabilidad en la materia migratoria recae en el Congreso. El fracaso del último congreso para aprobar una reforma migratoria en diciembre 2023, por pedido de un candidato presidencial, representa una oportunidad perdida para atender las necesidades de al menos dos decenas de millones de personas que pagan impuestos en EEUU.
El presidente, aunque tiene un papel importante que debe desempeñar, no es el único responsable de resolver el complejo asunto de la migración en EEUU. El actual Congreso debería asumir su responsabilidad y rendir cuentas antes los votantes por las consecuencias de su falta de acción.
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