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José López Zamorano
La pelea por la ciudadanía por nacimiento (Birthright Citizenship) llega a un punto crítico en la Corte Suprema de los EE.UU. en 2026. Será una de las decisiones constitucionales más trascendentales de las últimas décadas. Al asumir el cargo en 2025, Trump firmó una Orden Ejecutiva (EO 14160) para poner fin a la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda.
Según su orden, los niños nacidos en EE.UU no recibirán la ciudadanía automáticamente si sus padres son inmigrantes indocumentados o se encuentran en el país con visas temporales. De acuerdo con el Pew Research Center, unos 4 millones de estadounidenses tienen al menos un progenitor indocumentado. Y cada año nacen 255,000 bebés en la misma condición.
La pelea se centra en la interpretación de una frase de la 14ª Enmienda: “Las personas nacidas en EE.UU y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos” Los jueces federales que analizan el caso, han concluido que la orden ejecutiva es inconstitucional. Pero el 5 de diciembre de 2025, la Corte Suprema acordó revisar el caso principal, conocido como Trump v. Barbara
Futuro de la ciudadanía por nacimiento
A pesar del precedente jurídico, la orden ejecutiva de Trump argumenta que el espíritu de la enmienda aplica a los esclavos, pero no a las personas que ingresaron ilegalmente a EE.UU. Grupos de derechos civiles creen que sí el máximo tribunal termina negando la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados, crearía una subclase de sin patria y sin derechos claros.
“Un presidente no puede tomar una decisión ejecutiva para cambiar esto. Si lo quieren cambiar tiene que ser una enmienda a la Constitución”, afirma el abogado migratorio de Miami Joseph Gurian. “Si los magistrados consideran la orden ejecutiva como constitucional, vamos a tener personas en este país sin ningún documento, sin país, sin identidades”, sostuvo
Futuro de la ciudadanía por nacimiento
La orden ejecutiva está congelada por tribunales inferiores en gran parte del país, entonces los bebés nacidos en EE. UU. siguen siendo ciudadanos mientras la Corte no diga lo contrario. A mediados de año, la Corte limitó la capacidad de los jueces para emitir “mandatos nacionales” (universal injunctions), lo que facilitó que la administración intentara aplicar la orden en ciertas regiones, aunque el bloqueo general sigue mayormente vigente.
Los argumentos orales se esperan para la primavera de 2026 y la expectativa es que la Corte Suprema emitirá su decisión definitiva probablemente en junio o julio de 2026.
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