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Héctor Quiroga, abogado de inmigración
El reciente retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ha traído consigo un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria de Estados Unidos. A través de una serie de órdenes ejecutivas, la administración ha decidido transformar procedimientos administrativos en delitos penales, poniendo en riesgo a miles de inmigrantes que, por razones diversas, no tienen un registro actualizado en el sistema de inmigración.

Criminalizan falta de registro ante USCIS
Una de las medidas más alarmantes es la decisión de criminalizar la falta de registro en el sistema de inmigración (USCIS) o la omisión de actualizar la dirección de residencia dentro de un plazo de 10 días. Hasta ahora, estas eran obligaciones administrativas que, en caso de incumplimiento, podían generar sanciones menores o advertencias, pero nunca se consideraban delitos penales. Con esta nueva normativa, el incumplimiento se convierte en una falta criminal con severas consecuencias, incluyendo la deportación inmediata.
Desde mi experiencia como abogado de inmigración, veo esta estrategia como una clara maniobra para acelerar deportaciones sin necesidad de un debido proceso. La administración está utilizando tecnicismos administrativos como una herramienta para justificar expulsiones masivas. Lo preocupante es que muchos inmigrantes desconocen esta obligación o no tienen acceso a la información necesaria para cumplir con ella. El resultado: miles de personas podrían ser tratadas como criminales sin haber cometido un crimen real.
Este cambio en la política migratoria también genera un efecto de miedo en las comunidades inmigrantes. Familias enteras que han vivido por años en Estados Unidos podrían ser separadas simplemente por no haber notificado un cambio de dirección. Esto no solo atenta contra los derechos de los inmigrantes, sino que también debilita la confianza en el sistema legal.
Criminalizan falta de registro ante USCIS
La criminalización de procedimientos administrativos crea un precedente peligroso. Si hoy se penaliza la falta de registro, ¿qué impedirá que en el futuro se conviertan en delitos otros errores burocráticos menores? ¿Se castigará penalmente a quienes presenten documentos con errores involuntarios? Estas son preguntas legítimas que deben generar un debate profundo sobre la legalidad y la ética de estas nuevas medidas.
Frente a este panorama, la mejor estrategia para los inmigrantes es la prevención. Es fundamental que todas las personas con estatus migratorio revisen y actualicen su información en USCIS lo antes posible. No hacerlo puede significar la diferencia entre la estabilidad y la deportación. También es crucial buscar asesoría legal de inmediato para comprender cómo cumplir con estos nuevos requisitos y evitar caer en esta trampa legal.
Como abogado de inmigración, mi consejo es claro: no subestimen esta medida. Lo que antes era un simple trámite ahora puede convertirse en un motivo de deportación. La mejor defensa es la información y la preparación. En tiempos de incertidumbre, conocer y ejercer nuestros derechos es la clave para resistir políticas que buscan criminalizar a quienes solo buscan un mejor futuro en este país.
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