FBI arresta a jueza en Wisconsin

ACUSADA DE OBSTRUIR ARRESTO DE MIGRANTE

Redacción El Comercio de Colorado

El FBI arrestó a la jueza Hanna Dugan, del tribunal de circuito del condado de Milwaukee, bajo acusaciones de obstrucción y encubrimiento de una persona buscada por autoridades federales. Según el director del FBI, Kash Patel, Dugan habría “desviado intencionalmente” a los agentes federales que buscaban detener al migrante mexicano Eduardo Flores Ruiz, quien comparecía en su sala.

Aunque Patel eliminó posteriormente su mensaje en la red X, la detención fue confirmada por medios locales. La jueza permanece bajo custodia federal mientras se esclarecen los cargos específicos. Su arresto ha sido interpretado como una escalada en el conflicto entre el gobierno de Donald Trump y el poder judicial por la política migratoria del Ejecutivo.

Divisiones políticas y reacciones encendidas

CHRISTINE SINICKI, CONGRESISTA DEMÓCRATA| “Si pueden arrestar a una jueza en su propia sala, ¿quién está a salvo?”

El gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, expresó su preocupación: “He visto cómo la administración Trump ha intentado socavar al poder judicial, incluso desobedeciendo decisiones de la Corte Suprema. Confío en que nuestro sistema judicial garantizará el debido proceso a la jueza Dugan”.

Por su parte, la senadora federal demócrata Tammy Baldwin calificó el arresto como una “grave amenaza a la separación de poderes” y acusó al presidente Trump de “atacar al sistema judicial”. En contraste, el senador republicano Ron Johnson apoyó la detención: “Todos deben cooperar con las autoridades federales. Obstruir un arresto solo pone en peligro al público”.

El representante Tom Tiffany fue más tajante: “Si ayudas a ilegales a evadir el arresto, serás arrestado”, dijo en X. Otro legislador republicano, Tony Wied, pidió la renuncia inmediata de Dugan, acusándola de “romper la ley para proteger a ilegales”.

Legisladores estatales demócratas como Christine Sinicki y Ryan Clancy defendieron a Dugan. Sinicki se unió a las protestas en las escalinatas del tribunal: “Esto es intimidación. Si pueden arrestar a una jueza en su sala, ¿qué queda para el resto de nosotros?” Clancy agregó: “Hizo lo que todos deberíamos hacer: defender a quien lo necesita”.

TOM TIFFANY, CONGRESISTA REPUBLICANO| “Si ayudas a un indocumentado a evadir el arresto, serás arrestado”

Autoridades locales denuncian intimidación

El ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, criticó la operación del FBI como “una acción política para dar ejemplo”. Crowley declaró: “Estamos viendo una violación directa de los principios de equilibrio de poderes”. Por su parte, el supervisor del condado Jack Eckblad afirmó que “la jueza Dugan será recordada como una defensora de la democracia” y pidió su liberación inmediata.

El supervisor Shawn Rolland consideró el arresto como “una escalada peligrosa” e instó a cambiar las audiencias judiciales a modalidad virtual para evitar confrontaciones con ICE. “¿Queremos vivir en un país donde se arresta a jueces, maestros y vecinos en público?”, cuestionó. El Caucus Latino del condado denunció que la detención “envía un mensaje escalofriante” a quienes buscan justicia en los tribunales.

Voces del ámbito legal: “una persecución política”

Abogados locales también condenaron la forma del arresto. Frank Gimbel, exfiscal federal, opinó: “La jueza Dugan no es una criminal en fuga. Debieron simplemente citarla. Esto fue excesivo y poco profesional”. Stephen Kravit lo calificó como “una vergüenza” y acusó al Departamento de Justicia de “sacrificarla por una política”. El defensor penal Raymond Dall’Osto lo llamó una “persecución política” y recordó que pedir a alguien que salga por otra puerta “no es un crimen”.

La detención de Dugan se da en medio de una ola de decisiones judiciales que han frenado o limitado las políticas de deportación acelerada del gobierno Trump. Entre ellas, el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar migrantes —en su mayoría venezolanos— a una megacárcel en El Salvador.

Debate otras decisiones judiciales

Tras una serie de expulsiones sin debido proceso, el Tribunal Supremo intervino para imponer requisitos mínimos: notificación previa y oportunidad de apelación. Sin embargo, informes revelan que el gobierno ha ignorado estos límites en múltiples ocasiones. A la fecha, más de 200 migrantes han sido enviados al Cecot, una prisión cuestionada por organismos como Human Rights Watch por presuntos abusos sistemáticos.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado a El Salvador pese a tener orden judicial de protección. El gobierno de Trump sostiene que estas acciones son necesarias para combatir redes como el Tren de Aragua y MS-13. Pero investigaciones independientes muestran que la mayoría de los migrantes deportados no tienen antecedentes penales.