Junta Federal de Apelaciones de Inmigración ratifica esta normativa
Redacción El Comercio de Colorado
La Junta Federal de Apelaciones de Inmigración (BIA) confirmó una decisión que cambia de manera el panorama para las personas que cruzaron la frontera de Estados Unidos sin autorización. En una decisión emitida el 5 de septiembre de 2025, este organismo determinó que quienes ingresaron de manera ilegal no tienen derecho a solicitar audiencias de fianza ante jueces de inmigración, lo que significa que deberán permanecer en detención mientras dure su proceso.
El caso que sentó este precedente fue Matter of Jonathan Javier Yajure Hurtado, en el que la BIA estableció que quienes no fueron admitidos formalmente en el país son considerados “solicitantes de admisión” y, por lo tanto, deben quedar bajo custodia obligatoria. La decisión ratifica e incluso endurece la política que ICE ya venía aplicando desde hacía un mes, en la que los fiscales federales pedían que se negara la fianza a quienes cruzaron la frontera sin inspección.
Autoridad administrativa vs activistas promigrantes
La BIA es la máxima autoridad administrativa en materia de inmigración dentro del Departamento de Justicia. Tiene su sede en Falls Church, Virginia, y sus resoluciones son vinculantes para todos los jueces de inmigración y para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a menos que un tribunal federal las revoque. La Junta suele decidir los casos mediante revisión de expedientes y sus fallos definen la interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Organizaciones de defensa de los migrantes han expresado preocupación, argumentando que esta decisión podría prolongar las detenciones indefinidamente y colapsar los centros de detención. Además, temen que aumenten las dificultades para que los solicitantes de asilo puedan preparar sus casos desde prisión. Por otro lado, portavoces del gobierno destacan que esta medida busca desalentar los cruces ilegales y reducir el riesgo de fuga de quienes enfrentan procesos de deportación.
Caso no ha llegado a tribunales
La resolución ya está siendo aplicada en todo el país y tendrá un impacto inmediato en miles de migrantes detenidos en la frontera y en el interior de Estados Unidos. Los jueces migratorios han perdido la autoridad de conceder fianzas en estos casos, lo que marca un giro en la política migratoria y anticipa litigios en tribunales federales por parte de organizaciones de derechos civiles. Hasta el momento no se conoce si alguna organización pro-inmigración va a presentar algún recurso en tribunales de EEUU.
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