EE. UU. revoca visas a 50 políticos mexicanos

ENTRE LOS AFECTADOS LA GOBERNADORA DE BAJA CALIFORNIA

Redacción El Comercio de Colorado

El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en su mayoría miembros del partido oficialista Morena, como parte de una ampliación de su ofensiva contra el narcotráfico. La medida, revelada por la agencia Reuters, marca un nuevo frente diplomático en la estrategia del presidente Donald Trump para presionar a México en su cooperación antinarcóticos.

Fuentes diplomáticas confirmaron que las cancelaciones son mucho más extensas de lo que se había informado. Aunque Washington ha revocado visas a funcionarios mexicanos en otras ocasiones, exembajadores estadounidenses destacaron que esta vez el número y el perfil de los afectados no tiene precedentes. “La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer presión sobre México”, declaró Earl Anthony Wayne, exembajador.

Algunos nombres

Las revocaciones incluyen a gobernadores, alcaldes y dirigentes locales de Morena, así como a funcionarios cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los casos confirmados está el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien aseguró que la decisión del Departamento de Estado fue “injustificada” y negó cualquier vínculo con el crimen organizado. Su esposo, Carlos Torres Torres, también perdió su visa.

Otros políticos que han reconocido públicamente haber sido afectados son Óscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco (Sonora); Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros (Tamaulipas); y Hernán José Vega Burgos, magistrado electo del Poder Judicial, quien previamente había sido vinculado a un escándalo de corrupción cuando dirigía una oficina del Instituto Nacional de Migración.

Departamento de Estado sin informar

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró no tener información sobre los sancionados. Explicó que las autoridades estadounidenses notifican individualmente a las personas afectadas y no comparten los detalles con el gobierno mexicano. Analistas consideran que la decisión representa una señal de que Washington está dispuesto a usar herramientas diplomáticas para sancionar a figuras políticas vinculadas, directa o indirectamente, a actividades ilícitas.

Sin embargo, advierten que esta medida puede tensar aún más las relaciones bilaterales, ya que podría interpretarse como una injerencia en la política interna mexicana. Mientras tanto, el Departamento de Estado no ha hecho comentarios públicos sobre los criterios específicos utilizados para las cancelaciones, alimentando el debate sobre si esta acción responde a motivos legales o a una estrategia de presión política.