Demandan a Trump por eliminación de parole humanitario 

Demandan a Trump por eliminación de parole humanitario 

DEFENSA DE AGRICULTORES| UFW condena captura de trabajadores del campo. (Foto/X) 

MIGRANTES Y ACTIVISTAS DESAFÍAN POLÍTICAS MIGRATORIAS 

Redacción El Comercio de Colorado 

Un grupo de ciudadanos e inmigrantes estadounidenses ha presentado una demanda contra la administración de Donald Trump por la eliminación del programa de “parole humanitario”. Esta medida permitía que personas de países en conflicto o con inestabilidad política ingresaran y vivieran temporalmente en Estados Unidos. La demanda busca restablecer el programa, que beneficiaba a 8.7 millones de migrantes de Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que contaran con patrocinadores residentes en el país. 

Entre los demandantes hay ocho inmigrantes que llegaron legalmente antes de la cancelación del programa y ahora enfrentan la incertidumbre de su estatus migratorio. Algunos de ellos prefieren el anonimato por temor a la deportación. También forman parte de la demanda ciudadanos estadounidenses y organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que la administración de Trump está cerrando las vías legales para la inmigración y promoviendo deportaciones masivas. 

En paralelo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha demandado al gobierno de Trump para frenar el traslado de migrantes a la base de Guantánamo. La acción legal denuncia que la administración está enviando migrantes a una prisión remota y con condiciones de detención cuestionables. La ACLU argumenta que esta práctica es ilegal y viola derechos humanos. 

Defensa de trabajadores agrícolas  

Además, en California, la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW) ha demandado a la Patrulla Fronteriza por redadas en comunidades latinas alejadas de la frontera. La querella denuncia discriminación racial, maltrato y presión a migrantes para aceptar la deportación sin el debido proceso. Según el documento legal, agentes federales viajaron más de 480 kilómetros desde la frontera para detener trabajadores del campo sin pruebas sólidas sobre su estatus migratorio. 


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