EVIDENCIA EN VÍDEO| Brayan Rayo Garzon detenido en centro de ICE. (Foto/AP)
AP INVESTIGA SUICIDIOS DE MIGRANTES DETENIDOS
Redacción El Comercio de Colorado
NOTA DEL EDITOR: En esta historia se hace mención del suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible por teléfono o enviando un mensaje de texto al 988.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas afronta una alarmante crisis humanitaria ante el drástico incremento de suicidios reportados entre sus detenidos. Una profunda investigación de la agencia periodística The Associated Press (AP) revela que al menos diez inmigrantes se quitaron la vida desde que comenzó el actual periodo de gobierno. Este ritmo descontrolado supera con creces el crecimiento de la población recluida en los diversos centros de detención del país.
Las autoridades de salud pública, activistas comunitarios y expertos en prisiones denuncian con firmeza que este repunte histórico evidencia una grave y sistemática falta de supervisión federal en las instalaciones migratorias. El caos operativo coincide directamente con la agresiva campaña de persecución y deportaciones masivas implementada por las autoridades estadounidenses.
Un caso visto con lupa
La trágica muerte de Brayan Rayo Garzón expone de forma devastadora la negligencia de los centros de reclusión administrados por socios privados y cárceles locales. El joven civil colombiano de 26 años se suicidó tras pasar cuatro agónicos días en aislamiento debido a un contagio severo de coronavirus dentro de una prisión del estado de Missouri.
Los registros oficiales demuestran que el personal médico retrasó de manera reiterada y cruel su atención de salud mental, violando flagrantemente los estándares oficiales que exigen tratamiento inmediato para los internos vulnerables. Horas antes de morir en su celda, los guardias ignoraron por completo sus desesperados ruegos escritos a mano donde suplicaba que le permitieran realizar una llamada telefónica para escuchar y hablar con su madre.
Hombres menores de 35 años los más afectados
Los datos analizados demuestran que las víctimas principales de esta desatendida crisis sanitaria son mayoritariamente jóvenes varones hispanos con una edad promedio de 32 años. A pesar de los constantes discursos políticos oficiales que criminalizan de forma abierta a los indocumentados en proceso de expulsión, la rigurosa investigación comprobó que la gran mayoría de los fallecidos carecía por completo de antecedentes por delitos violentos en territorio estadounidense.
Epidemiólogos de renombre de la Universidad de California advierten que el repentino y alarmante aumento de la mortalidad bajo custodia del gobierno refleja un colapso sistémico generalizado en las evaluaciones médicas iniciales de ingreso y en el posterior seguimiento clínico de aquellos pacientes identificados con alto riesgo de autolesión. El hacinamiento extremo y las precarias condiciones físicas de confinamiento agravan severamente la estabilidad emocional de la población civil retenida.
Castigos desproporcinados
Las recurrentes inspecciones federales documentaron decenas de violaciones operativas críticas en la red carcelaria, incluyendo el libre acceso a herramientas peligrosas, la total falta de personal bilingüe capacitado para asistir a los internos angustiados y una preocupante escasez de especialistas médicos cualificados.
En varios centros operados por cuestionados contratistas privados se reportaron además castigos desproporcionados, uso excesivo de la fuerza física y confinamientos solitarios prolongados. Estas malas prácticas empeoran de forma inmediata el pánico, la frustración, el aislamiento y los sentimientos de profunda impotencia de los inmigrantes desamparados.
La crisis carcelaria desató una fuerte condena internacional debido al trato inhumano y degradante dispensado a los detenidos extranjeros. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió una protesta diplomática formal tras conocer los detalles de la evitable muerte de Brayan Rayo Garzón.
En conclusión
Mientras tanto, diversos defensores de derechos humanos señalan que el ICE incumple su responsabilidad legal e institucional de garantizar el bienestar y la salud básica de personas que simplemente enfrentan faltas administrativas civiles y no un proceso de carácter punitivo penal.
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