SEGUNDO REVÉS PARA ARRESTOS EN TRIBUNALES DESDE MAYO
Por Elliot Spagat/ Associated Press
Un juez ha prohibido al gobierno federal realizar arrestos en los tribunales de inmigración, una práctica que se consolidó poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo el año pasado. El fallo del martes del juez de distrito de EE. UU. Casey Pitts, de San Francisco, señala que el gobierno no justificó sus acciones como lo exige la ley. Este es el segundo revés para los arrestos en tribunales desde mayo, cuando un juez en Nueva York los prohibió en los tribunales de inmigración de esa ciudad. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. criticó la reciente decisión considerándola una muestra de extralimitación judicial.
Un juez prohibió el martes al gobierno federal realizar arrestos en los tribunales de inmigración, ordenando el fin de una práctica que se consolidó poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo el año pasado.
El cambio de rumbo de la administración Trump respecto a la política de larga data contra los arrestos en los tribunales de inmigración resultó “no de una simple toma de decisiones sin fundamento, sino de una falta total de toma de decisiones”, escribió el juez de distrito de EE. UU. Casey Pitts, de San Francisco. Las autoridades no abordaron el “efecto disuasorio” que tienen los arrestos sobre la asistencia de las personas a las audiencias judiciales.
“Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que piensen antes de actuar”, escribió Pitts, refiriéndose a la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley de 1946 que exige a las agencias federales justificar sus acciones. Esa ley, escribió, “no exige que una agencia tome la decisión que un tribunal de revisión pueda considerar preferible. Pero exige que una agencia, al menos, proporcione razones sólidas para seguir el rumbo elegido”.
El fallo es el segundo revés para los arrestos en tribunales desde mayo, cuando un juez federal en Nueva York los prohibió en los tribunales de inmigración. Aquella orden se aplicaba únicamente en Nueva York, mientras que esta última decisión invalida la política a nivel nacional.
James Percival, el asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., criticó el fallo catalogándolo como un ejercicio de extralimitación judicial. “Cuando un juez condena a un acusado, este es puesto bajo custodia. Si un juez de inmigración ordena la expulsión de un extranjero, debería ocurrir lo mismo. Un juez de distrito que ordene lo contrario es puro activismo judicial al servicio de una agenda antiestadounidense de fronteras abiertas”, escribió Percival en internet.
Después de que Trump asumiera el cargo, las audiencias en todo el país a menudo terminaban con la desestimación de los casos por parte del gobierno, lo que preparaba el terreno para que agentes vestidos de civil realizaran arrestos en los pasillos en coordinación con abogados del Departamento de Seguridad Nacional.
Pitts, quien fue nombrado por el presidente Joe Biden, censuró a la administración por llevar a cabo los arrestos y por retener a las personas en celdas cercanas por más tiempo del límite estipulado de 12 horas.

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