Auditor de Denver exige mayor transparencia en supervisión policial

SEÑALA QUE OBSERVADORA INDEPENDIENTE OCULTA RECOMENDACIONES Y LIMITA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Redacción El Comercio de Colorado

La transparencia en la supervisión de la policía y el Departamento del Sheriff está en entredicho. Una nueva auditoría del Auditor de Denver, Timothy M. O’Brien, reveló que la Oficina de la Observadora Independiente no hace públicas sus recomendaciones sobre investigaciones de mala conducta ni sobre las medidas disciplinarias que se derivan de ellas. El organismo también retiene sus evaluaciones de políticas y prácticas internas, argumentando el privilegio del proceso deliberativo para no divulgar esta información.

O’Brien advirtió que el público desconoce si los departamentos están siguiendo las recomendaciones y si existe verdadera rendición de cuentas. “La falta de transparencia es un perjuicio para la supervisión de las fuerzas del orden”, afirmó el auditor, quien revisó el trabajo de la oficina para verificar si cumple con su papel de supervisión de manera efectiva. El informe detalla que entre 2018 y 2024 no se incluyeron recomendaciones en los reportes basándose en interpretaciones legales que protegen del escrutinio público las discusiones internas.

El auditor sostiene que esta práctica impide medir el impacto real del organismo de supervisión y mina la confianza de la comunidad. La auditoría también detectó problemas en el sistema de seguimiento de casos, pues no distingue entre revisiones obligatorias y discrecionales, lo que dificulta conocer cuántos análisis son exigidos por ordenanza. Además, las investigaciones de mala conducta toman en promedio más de 220 días hábiles, sin que se informe públicamente del tiempo que la propia oficina dedica a la revisión de casos.

Crear un plan estratégico

Otro hallazgo es la falta de un plan estratégico que permita a la Oficina de la Observadora cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente. El auditor recomendó crear dicho plan, hacer público el resultado de sus evaluaciones y revisar los límites legales que restringen la comunicación de información relevante. La Oficina de la Observadora aceptó revisar sus políticas y coincidió en la necesidad de mejorar la comunicación con la comunidad. O’Brien subrayó que la efectividad de este organismo depende de su capacidad para informar al público sobre las preocupaciones que detecta.