Unos 545 niños migrantes siguen separados de sus familias -

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CONSECUENCIA DE LA POLITICA TOLERANCIA CERO

Washington / Agencia Efe

Los abogados no han logrado ubicar a los padres y madres de al menos 545 menores de edad separados a la fuerza de sus familias migrantes indocumentadas en 2017 y 2018 por la administración Trump, según un texto legal presentado en un tribunal federal de California. El documento, presentado conjuntamente por el Departamento de Justicia y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en respuesta a un requerimiento del tribunal, indica que cientos de padres y madres han sido deportados sin sus hijos, según reza su texto.

La administración Trump inició en 2017 la aplicación de una llamada política de “tolerancia cero” por la cual los inmigrantes indocumentados detenidos fueron recluidos en prisiones. Esta política sustituyó la práctica usada en años anteriores bajo la cual los indocumentados quedaban en libertad provisional a la espera de una audiencia sobre su posible deportación. Como la ley prohíbe la permanencia de menores de edad durante más de 20 días en sitios de detención, el gobierno separó a casi 2.800 niños y niñas de sus familias.

Esos miles de niños fueron ubicados bajo custodia de agencias gubernamentales. Un tribunal federal ordenó en junio de 2018 la reunificación de muchas de esas familias pero informes divulgados desde el año pasado por grupos que defienden a los inmigrantes y los derechos civiles señalan que la cifra de menores separados de sus padres y madres podría haber sido mayor que lo reportado por el Gobierno. Desde entonces grupos de voluntarios han hecho visitas a Guatemala y Honduras en procura de identificar y localizar a las familias deportadas.

Habla representante de ACLU

Aunque muchas familias lograron reunirse, las autoridades han determinado que al menos otros 1.550 menores habían sido separados desde el verano de 2018 sin anuncio público, en El Paso (Texas). “Es crucial que se determine tanto como sea posible quién fue responsable de esta práctica horrible, sin perder de vista el hecho de que cientos de familias todavía no han sido ubicadas y siguen separadas”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes en ACLU.

“La gente pregunta cuándo encontraremos a estas familias y, tristemente, no puedo dar una respuesta”, dijo Gelernt. Esta ejecutiva prometió que su organización no cesará la búsqueda hasta que haya “localizado a cada una de las familias, tome el tiempo que tome. La realidad trágica es que cientos de padres fueron deportados a América Central sin sus niños, que permanecen aquí con familias adoptivas temporales o con familiares distantes”, añadió.

Padres deportados

Un comité designado por los tribunales para reunir las familias localizó las de 485 menores. Esta cifra deja todavía a 545 menores solitarios. Las familias de estas cinco centenar de niños, según ACLU, probablemente estén ahora en sus países de origen.

Supremo decidirá sobre el muro y los asilos

Washington / Agencia Efe

El Tribunal Supremo, quizá ya con la presencia de Amy Coney Barrett entre sus jueces, escuchará argumentos acerca de dos controvertidas políticas de inmigración de la administración Trump. El Supremo, que por ahora tiene ocho miembros tras el fallecimiento el mes pasado de la jueza Ruth Gingsburg, anunció que analizará la decisión de Trump de desviar fondos para la construcción de un muro en la frontera con México por valor de unos 2.500 millones de dólares que el Congreso había asignado para gastos militares.

Asimismo, en audiencias que probablemente tendrán lugar después que el Senado confirme a Barrett -con lo cual habrá una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas en esa corte- el Tribunal escuchará los argumentos en torno a la política de Trump por la cual decenas de personas que han llegado a EE.UU. pidiendo asilo han sido devueltas a México y América Central a la espera de sus trámites.

“Es bien sabido que Trump no obtuvo del Congreso fondos para su obsesión xenófoba del muro, y cada tribunal que ha considerado el caso dictaminó que el presidente no tiene autoridad para gastar miles de millones de dólares de los impuestos en esa obra”, afirmó Dror Ladin, abogado de ACLU. “Esperamos demostrar esos argumentos ante el Tribunal Supremo y poner, finalmente, un alto al abuso de poder inconstitucional de este gobierno”, agregó Ladin.