Chávez removida como secretaria de Trabajo

TRAS ACUSACIONES POR ABUSO DE PODER

Por Seung Min Kim / Associated Press

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chávez, dejó el gabinete del presidente Donald Trump, informó la Casa Blanca el lunes. El anuncio se produjo después de varias acusaciones de abuso de poder en el cargo, entre ellas haber tenido una relación con un subordinado y consumir alcohol en el trabajo. Chávez es la tercera integrante del gabinete de Trump que deja el cargo.

El mandatario ya despidió a la cuestionada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en marzo pasado y apartó a la secretaria de Justicia Pam Bondi a principios de este mes. A diferencia de los casos de Noem y Bondi, la salida de Chávez fue dada a conocer por un asesor de la Casa Blanca y no por el presidente. El director de comunicaciones de la Casa Blanca dijo que Chávez se iba para el sector privado.

“Ha hecho un trabajo fenomenal en su función al proteger a los trabajadores estadounidenses, implementar prácticas laborales justas y ayudar a los estadounidenses a adquirir habilidades adicionales para mejorar sus vidas”. Keith Sonderling, actual subsecretario de Trabajo asumirá como titular interino de la dependencia en su lugar. El medio NOTUS fue el primero en informar sobre la renuncia de Chavez-DeRemer.

Múltiples acusaciones

La salida de Chávez se produce después de que comenzaron a circular informes en enero pasado de que estaba bajo una serie de investigaciones. The New York Times publicó el miércoles pasado que el inspector general del Departamento de Trabajo estaba en el proceso de revisar material que mostraba que Chavez-DeRemer, sus principales asesores y familiares enviaban regularmente mensajes y solicitudes personales a miembros del personal.

El esposo y el padre de Chávez intercambiaron mensajes de texto con jóvenes empleadas, según el periódico. La secretaria y su exjefe adjunto de despacho le indicaron a algunos miembros del personal que “prestaran atención” a su familia, contaron al Times personas al tanto de la investigación. Esos mensajes fueron descubiertos durante una investigación más amplia sobre Chávez que comenzó después de que el New York Post informó en enero de una queja presentada ante el inspector general del Departamento de Trabajo.

Esa queja se refería a que Chávez mantenía una relación con un subordinado. También enfrentó acusaciones de consumo de alcohol en el trabajo y de que encargó a algunos de sus asesores la planeación de viajes oficiales por motivos principalmente personales.

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Trabajo dijeron en un principio que los informes de irregularidades no tenían fundamento. Pero las negativas oficiales se volvieron cada vez menos categóricas a medida que surgían más acusaciones.

Al menos cuatro funcionarios del Departamento de Trabajo fueron apartados de sus cargos a medida que avanzaba la investigación, incluidos el exjefe de despacho y el exjefe adjunto de despacho de Chávez, así como un integrante de su equipo de seguridad, con quien se le acusó de haber tenido la relación, informó The New York Times. “Creo que la secretaria demostró mucha sensatez al renunciar”, subrayó el senador republicano John Kennedy después de que se hizo pública su salida.

Apoyo sindical

Confirmada para el gabinete de Trump con 67 votos a favor y 32 en contra en marzo de 2025, Chávez es una exrepresentante republicana de un competitivo distrito en Oregon. Como republicana, contó con un apoyo inusual de los sindicatos, pero perdió la reelección en noviembre de 2024. En su único periodo en el Congreso, Chávez respaldó una iniciativa que facilitaría la sindicalización a nivel federal, así como otro proyecto de ley destinado a proteger los beneficios del Seguro Social para empleados del sector público.

Algunos destacados sindicatos, como International Brotherhood of Teamsters, respaldaron a Chávez, hija de un camionero afiliado al sindicato, como titular del Departamento de Trabajo. Algunos analistas políticos consideraron la elección de Trump de nombrarla al cargo como una forma de atraer a votantes que pertenecen a organizaciones laborales o están vinculados a ellas. Pero otros influyentes líderes sindicales se mostraron escépticos, sin estar convencidos de que Chávez impulsaría una agenda a favor de los sindicatos como parte del nuevo gobierno.

Figura clave en el impulso de Trump para eliminar regulaciones

En su audiencia de confirmación en el Senado, algunos senadores cuestionaron si podría mantener esa reputación en una administración que despidió a miles de empleados federales.

Más allá de los informes sobre presuntas irregularidades, Chavez había sido una de las designaciones de Trump con menor perfil público, pero dio pasos clave durante su gestión para avanzar la agenda desreguladora del gobierno. El Departamento de Trabajo tomó medidas en 2025 para reescribir o derogar regulaciones laborales consideradas como obsoletas.

Los cambios incluyeron requisitos de salario mínimo para trabajadores de la atención médica a domicilio y personas con discapacidad, así como normas que regulan la exposición a sustancias nocivas y los procedimientos de seguridad en minas. Líderes sindicales y expertos en seguridad laboral lo condenaron. Los cambios incluían eliminar el requisito de que los empleadores proporcionen iluminación adecuada en obras de construcción y cinturones de seguridad para trabajadores agrícolas en la mayoría de los transportes.

Durante la gestión de Chávez, el gobierno federal canceló millones de dólares en subvenciones internacionales que eran administradas por una división del Departamento de Trabajo para combatir el trabajo infantil y los trabajos forzados a nivel mundial poniendo fin a una labor que había ayudado a reducir en 78 millones el número de niños en la fuerza laboral en todo el mundo durante las últimas dos décadas. El Departamento de Trabajo tiene una amplia autoridad en lo relativo a la fuerza laboral de Estados Unidos.

Esa competencia incluye el informar la tasa de desempleo de Estados Unidos, regular las normas de salud y seguridad en el trabajo, investigar disputas sobre salario mínimo, trabajo infantil y pago de horas extra, además de aplicar leyes sobre organización sindical y despidos ilegales.