México reacciona a críticas de Estados Unidos y Canadá a la reforma judicial

PROTESTA ENVIADA| El presidente mexicano habló de su respuesta a EEUU el viernes 23 de agosto. (Foto/Efe)

Redacción El Comercio de Colorado

El Gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha respondido a las críticas recibidas de parte de Estados Unidos y Canadá sobre la reforma judicial que propone la elección popular de jueces y ministros de la Suprema Corte. En respuesta a las declaraciones del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien advirtió sobre los riesgos que la reforma podría representar para la democracia y la relación comercial entre ambos países, México envió una nota diplomática a Estados Unidos.

El presidente López Obrador calificó las declaraciones de Salazar como “desafortunadas e imprudentes”, y señaló que representan una injerencia inaceptable en los asuntos internos de México. El mandatario mexicano expresó en su conferencia matutina que la reforma judicial busca fortalecer el Estado de derecho en el país, asegurando la independencia y legitimidad del Poder Judicial. Sin embargo, desde la perspectiva de Estados Unidos, la elección directa de jueces podría facilitar la influencia del crimen organizado, en el sistema de justicia.

Además de esta reacción, López Obrador anunció que México también enviará una nota diplomática a Canadá, luego de que el embajador canadiense, Graeme C. Clark, expresara la preocupación de inversionistas canadienses sobre los posibles efectos negativos de la reforma judicial. Clark mencionó que los inversionistas temen que la inseguridad jurídica resultante de esta reforma pueda afectar sus intereses en México.

Cree que son críticas coordinadas

El presidente mexicano criticó lo que consideró una coordinación entre Estados Unidos y Canadá en sus críticas hacia las iniciativas de su gobierno. A pesar de las preocupaciones expresadas por ambos países y por organismos financieros internacionales, como Fitch y Morgan Stanley, López Obrador reiteró que México no permitirá injerencias extranjeras en sus asuntos internos. La reforma judicial y otros cambios a la constitución propuestas por el gobierno serían aprobadas por un nuevo Congreso que presta juramento en septiembre.