Opinión

La desaparición de Jonathan Torres un caso sin expediente

Cuando la justicia muere en silencio

Por Jesús Sánchez Meleán

Jonathan Guillermo Torres Duque tiene 26 años y soñaba con reencontrarse con su país. Artista plástico, residía desde hacía una década en Estados Unidos, donde se formó y trabajó. En octubre de 2024 decidió regresar a Venezuela para reencontrarse con su familia y explorar nuevas oportunidades. Pero su viaje terminó en tragedia. Fue detenido el 27 de octubre de 2024 por la Guardia Nacional Bolivariana en una alcabala del estado Táchira, acusado de “irregularidades migratorias”. Desde ese momento, su familia no ha vuelto a saber de él.

Un año y un mes después, su madre, la actriz Rhoda Torres, continúa preguntando en redes sociales: “¿Dónde está mi hijo Jonathan?”. No hay respuesta. No hay expediente. No hay abogado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en mayo de 2025, exigiendo al Estado venezolano que informe su paradero y garantice su integridad. El régimen de Nicolás Maduro ha guardado silencio absoluto. El caso de Jonathan es una desaparición forzada y una afrenta al derecho humano más básico: el debido proceso.

Este joven artista no es un caso aislado. Es el rostro de una práctica sistemática del régimen chavista: utilizar la justicia como herramienta de represión política, castigo ejemplar o simple venganza. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 884 presos políticos, entre ellos 85 extranjeros. La mayoría fueron detenidos sin orden judicial, sin cargos formales, y permanecen incomunicados durante meses o años. Muchos de ellos —como Jonathan— se convirtieron en invisibles: desaparecidos en un sistema judicial controlado por el poder político.

Un mismo patrón

Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, lleva diez meses detenido sin juicio ni paradero confirmado. Su esposa, Mariana González, denunció ante organismos internacionales que enfrenta un “juicio clandestino”, y que incluso la Defensoría Pública no tiene el número correcto de su expediente. Enrique Márquez, excandidato presidencial, fue arrestado en enero de 2025 y aún no ha sido presentado ante un tribunal. Juan Pablo Guanipa, exdiputado y aliado de María Corina Machado, también está desaparecido desde mayo.

La Corte Interamericana ha tenido que intervenir en sus casos ante la negativa del Estado venezolano a ofrecer información. En todos estos episodios se repite la misma estructura: detención arbitraria, silencio judicial, aislamiento y propaganda. El régimen chavista no busca justicia, sino sumisión. Con cada encarcelamiento sin juicio, el gobierno envía un mensaje de miedo. Y con cada liberación selectiva, negocia poder. Los presos políticos en Venezuela no son procesados, son intercambiados.

Son trofeos o monedas de cambio en la mesa de negociación con Washington o con la oposición. El Foro Penal lo ha dicho con claridad: el debido proceso en Venezuela ha dejado de existir. No hay garantías judiciales ni independencia institucional. Los fiscales responden al poder político, los jueces temen ser sustituidos, y las cárceles se han convertido en instrumentos de control social. La justicia, que debería proteger al ciudadano, ha sido secuestrada por la ideología.

Colombia, Brasil y México guardan silencio

Detrás del caso de Jonathan hay algo más profundo que la tragedia de una familia. Hay un país donde un joven artista puede desaparecer sin que nadie rinda cuentas. Donde una madre debe mendigar atención pública en redes sociales. Donde las medidas de la CIDH se convierten en documentos ignorados. Y donde la comunidad internacional mira hacia otro lado, anestesiada por la rutina del horror. Cada nuevo caso, cada nombre, se suma a una larga lista de desaparecidos y encarcelados sin juicio.

Pero el caso de Jonathan Torres Duque nos recuerda que no todos los presos políticos son dirigentes ni activistas. También hay ciudadanos comunes, creativos, soñadores, que creyeron que podían volver a su tierra. Y fueron tragados por el sistema. En el continente americano se habla de democracia, de derechos humanos y de justicia. Sin embargo, en Venezuela —a escasas horas de vuelo de Washington, Bogotá o Ciudad de México— reina la impunidad más descarada.

Mientras los gobiernos vecinos optan por el silencio, el chavismo sigue enterrando, uno por uno, los derechos fundamentales. La libertad de Jonathan, de Rafael, de Enrique y de Juan Pablo no es solo una causa venezolana. Es un espejo que refleja la fragilidad de nuestras democracias. Porque cuando un Estado puede encarcelar sin pruebas y callar sin consecuencias, el derecho deja de ser una garantía y se convierte en un lujo.

El mensaje de una madre

La pregunta sigue siendo la misma que clama Rhoda Torres: “¿Dónde está mi hijo Jonathan?”. Y la respuesta del régimen, el silencio, es la evidencia más clara de que, en Venezuela, el debido proceso ha muerto.