FALLO SE CONECTA CON CASO DEL SALVADOREÑO EN TENNESSEE
Redacción El Comercio de Colorado
La jueza federal Paula Xinis ordenó este 11 de diciembre la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García de la custodia de inmigración, al concluir que su detención actual es ilegal y que el Gobierno carece de base jurídica para mantenerlo preso. En su fallo, la magistrada sostuvo que Ábrego García ha estado detenido sin autoridad legal desde que fue reaprehendido tras su deportación errónea a El Salvador, y remarcó que no existe una orden formal de expulsión vigente que justifique su encierro prolongado ni un intento inminente de removerlo del país.
Con la orden, Ábrego García podrá abandonar el centro de detención en Pensilvania y regresar a vivir con su familia en Maryland mientras continúa su proceso legal, una situación distinta a la que enfrentaba desde agosto, cuando la propia jueza Xinis había bloqueado que el Gobierno lo deportará nuevamente mientras se resolvía el caso de hábeas corpus en el que se cuestiona toda la cadena de deportación y detención. La decisión también frena los recientes intentos del Departamento de Seguridad Nacional de enviarlo no solo a El Salvador, sino incluso a terceros países como Liberia, al recalcar que, sin una orden de expulsión válida, el Gobierno no puede prolongar la detención indefinidamente ni usarla para buscar alternativas de reubicación.
Caso en Tennessee
El fallo se conecta con el proceso penal federal que Ábrego García enfrenta en Tennessee por cargos de conspiración para tráfico de personas, acusaciones que él ha negado y por las que había sido autorizado a esperar el juicio en libertad bajo condiciones. Fue justamente después de esa decisión que ICE lo volvió a detener y lo trasladó a un centro migratorio, una acción que Xinis ahora califica como una detención arbitraria e injustificada.
Tras la orden de hoy, se espera que Ábrego García sea liberado en cuestión de horas o días y pueda volver con su familia mientras avanzan, en paralelo, el caso penal en Tennessee y el litigio civil sobre su deportación errónea y las presuntas violaciones a su debido proceso. La decisión deja claro que, por el momento, el Gobierno no puede deportarlo ni emplear la detención migratoria como mecanismo de presión mientras no exista una orden formal de remoción revisada y con validez legal.

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