FISCALÍA TILDA DE “BENIGNA” LA MEDIDA CONTRA LOS HERMANOS ESPAILLAT
Redacción El Comercio de Colorado
Un tribunal de Santo Domingo fijó este jueves una fianza de 50 millones de pesos dominicanos (unos 850 000 dólares), presentación periódica y prohibición de viajar para Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set. Los Espaillat están siendo procesados por homicidio involuntario y lesiones graves tras el derrumbe del techo del local el pasado 8 de abril, que causó 236 fallecidos y más de 180 heridos.
La jueza Fátima Veloz declaró el caso “complejo”, pero rechazó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. El fiscal anticorrupción Wilson Camacho calificó la decisión de “lenient coercive measure que no refleja la magnitud de la desgracia”, subrayando que el Estado dominicano busca justicia ante “una de las peores tragedias en la historia del entretenimiento nacional”.
Argumentos de la defensa
El equipo legal de los hermanos Espaillat presentó al tribunal más de 40 acuerdos económicos firmados con víctimas y familiares, incluido un pago de RD$1.000.000 (17.000 USD) a Zulinka Yadhira Pérez, hija y corista del fallecido merenguero Rubby Pérez, para cubrir gastos médicos y desistir de demandas civiles. La defensa sostiene que estas compensaciones son parte de “un proceso transparente de asistencia” y no implican admisión de culpabilidad.
Asimismo, alegaron que Antonio Espaillat no se encontraba en el país la noche del siniestro y que ha cooperado con la investigación, preservando pruebas estructurales y contratando a un perito internacional. Presentaron, además, mensajes de un exempleado que —afirman— “demuestran la buena fe” de los imputados.
Críticas y nuevas querellas
Mientras tanto, dos hijas de Rubby Pérez, Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, se constituyeron en parte civil para “preservar la memoria de su padre y de todas las víctimas”. Sus abogados denunciaron que los acuerdos privados “no pueden sustituir la responsabilidad penal” y pidieron una investigación exhaustiva sobre fallas de mantenimiento y supuestas violaciones al código de construcción.
El Ministerio Público, por su parte, anunció que apelará la decisión de la magistrada Veloz. Camacho insistió en que la medida de coerción debía ser más severa para evitar posibles interferencias en la pesquisa y garantizar la comparecencia de los acusados.
Próximos pasos
La audiencia de revisión de medidas quedó programada para dentro de tres meses, tiempo en el que la Fiscalía deberá presentar informes periciales definitivos sobre la estructura colapsada. Expertos en derecho han advertido que, de confirmarse negligencia grave, los hermanos Espaillat podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, además de millonarias indemnizaciones.
Mientras el caso avanza, el debate público en República Dominicana se centra en si la justicia ha sido suficientemente estricta y si las reparaciones económicas bastan para atender el dolor de cientos de familias que aún exigen verdad y responsabilidades plenas.
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