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Por Alejandra Campos, abogada de inmigración
Durante los últimos días, he observado una tendencia alarmante en las cortes de inmigración en Colorado. Me refiero a un proceso acelerado e injusto que pone en peligro los derechos fundamentales de personas detenidas por asuntos migratorios. Esta dinámica no solo debilita el debido proceso, sino que impide que los inmigrantes accedan a representación legal adecuada antes de que se emitan decisiones definitivas sobre su permanencia en el país.
Lo que antes era una audiencia preliminar (“master hearing”), en la que los jueces ofrecían tiempo para conseguir un abogado, hoy se ha transformado en una sentencia express. A quienes llegan sin representación se les hacen preguntas complejas —muchas veces sin interpretación clara ni comprensión de sus implicaciones legales— y se les persuade a aceptar salidas voluntarias o incluso órdenes de deportación sin entender que tenían opciones legales para permanecer en el país.
La rapidez con la que se están llevando a cabo estas audiencias, muchas en menos de 24 horas, deja a los abogados sin tiempo para preparar la defensa, solicitar fianzas o evaluar posibles vías de alivio migratorio, como solicitudes de asilo o visas para víctimas de crímenes. Esta práctica vulnera los principios más básicos de justicia.
Mensaje para los consulados y las familias migrantes
Frente a esta realidad, hago un llamado urgente a los consulados. Su rol es fundamental para proteger a sus connacionales. Es indispensable que informen a las personas detenidas sobre sus derechos, que les aconsejen no aceptar decisiones orales sin antes consultar con un abogado, y que insistan en que cualquier ofrecimiento judicial sea entregado por escrito. Esto permite una revisión legal y abre un plazo de al menos diez días para apelar decisiones desfavorables.
Asimismo, mi mensaje a los inmigrantes y sus familiares es claro. No comparezcan sin abogado ante una corte de inmigración. Si ya tienen una cita programada y no han logrado contratar representación legal, soliciten una extensión de tiempo. Si están detenidos, pidan formalmente al juez más tiempo para obtener un abogado. No respondan preguntas sensibles sin asistencia legal. No firmen ningún documento sin antes conocer sus derechos.
Estamos frente a un patrón que parece diseñado para reducir defensas legales y aumentar deportaciones rápidas. No debemos permitir que la urgencia reemplace la justicia. La representación legal no es un privilegio, es una necesidad básica en cualquier proceso que defina el destino de una persona. Defender el derecho a una audiencia justa no es solo una cuestión legal, es un imperativo moral.
Un nuevo riesgo: los cierres administrativos
A esta preocupante tendencia se suma ahora una práctica adicional que puede afectar seriamente los derechos de los inmigrantes: el cierre administrativo de los casos en las cortes de inmigración. Como abogada de inmigración, advierto a mis clientes que estén atentos ante esta posibilidad.
Recientemente hemos observado que el gobierno, en colaboración con los jueces de inmigración, está solicitando el cierre administrativo de ciertos casos. Aunque pudiera parecer inofensivo, esta acción tiene consecuencias graves. Al cerrarse administrativamente un caso, el juez de inmigración pierde jurisdicción sobre el mismo. Esto significa que el inmigrante queda sin protección judicial activa, convirtiéndose en “presa fácil de ICE”, que incluso ya ha comenzado a presentarse en las cortes para detener a personas en esa situación.
Por ello, insisto en que si durante una audiencia el fiscal del gobierno solicita al juez que cierre el caso administrativamente, el inmigrante debe oponerse de inmediato. Debe expresar claramente: “No, yo quiero que mi caso de asilo sea revisado por el juez de inmigración. Yo quiero continuar con mi caso abierto.”
Mantener el caso abierto es fundamental para preservar las opciones legales de defensa y evitar quedar expuesto a una detención inmediata por parte de ICE. Como siempre, la mejor defensa es estar bien informado, tener representación legal y ejercer el derecho a ser escuchado ante un juez.
ABOGADA DE INMIGRACIÓN| Alejandra Campos. (Foto/El Comercio de Colorado)
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