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CUANDO LA DETENCIÓN CRUZA LA LÍNEA
Por Alejandra Campos / Abogada Penal y de Inmigración
El 7 de abril de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que reafirma la relevancia del habeas corpus en el sistema migratorio actual. El tribunal permitió que la administración Trump continúe aplicando la Ley de Extranjeros Enemigos, una norma de 1798 que otorga poderes especiales durante tiempos de guerra para justificar deportaciones. Sin embargo, la decisión impuso condiciones constitucionales claves, subrayando los derechos de las personas no ciudadanas bajo custodia migratoria.
Según el fallo, los individuos detenidos bajo esta ley deben recibir una notificación adecuada sobre su deportación y tener la oportunidad de impugnarla mediante peticiones de habeas corpus. Esto significa que los migrantes retenidos en centros federales —especialmente en Texas— tienen derecho a solicitar una revisión judicial de su detención en el distrito federal correspondiente. La decisión refuerza al habeas corpus como mecanismo fundamental para la protección del debido proceso, incluso en contextos de poder ejecutivo ampliado.
El principio de habeas corpus, piedra angular del derecho constitucional estadounidense, otorga a cualquier persona detenida por el gobierno el derecho a cuestionar su detención ante un tribunal. Esta protección centenaria sigue siendo esencial en el sistema migratorio actual, donde miles de personas permanecen en centros de detención mientras se resuelve su estatus legal. En una era de vigilancia migratoria intensificada, el habeas corpus cumple un rol vital para garantizar el Estado de derecho y proteger los derechos individuales.

ABOGADO DE MIGRACIÓN| Alejandra Campos. (Foto/El Comercio de Colorado)
Poder legal vs. garantías constitucionales
En Estados Unidos, el habeas corpus está protegido por el Artículo I, Sección 9 de la Constitución, que prohíbe su suspensión salvo en casos de rebelión o invasión. Esto significa que incluso las personas no ciudadanas, incluyendo aquellas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tienen derecho a una revisión judicial de su detención. Los migrantes que consideren que su detención es ilegal pueden presentar una petición de habeas corpus y solicitar a un juez federal que evalúe la legalidad de su confinamiento.
Estas peticiones resultan especialmente relevantes en casos de detenciones prolongadas sin audiencia o cuando la persona continúa detenida pese a ser elegible para su liberación. La base legal para la detención migratoria proviene de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que autoriza al gobierno a detener a personas no ciudadanas en ciertas circunstancias. Estas incluyen a quienes esperan ser deportados, se encuentran en procedimientos de remoción o han sido condenados por delitos vinculados a violaciones migratorias.
Sin embargo, este poder no es ilimitado. Los tribunales estadounidenses han dictaminado que la detención no debe ser indefinida y debe respetar las garantías constitucionales de equidad. Retener a alguien durante años sin una resolución clara puede constituir una violación al debido proceso.
Límites que la Constitución no permite cruzar
El derecho constitucional ofrece dos protecciones esenciales que influyen en la detención migratoria. La Quinta Enmienda garantiza que ninguna persona sea privada de su libertad sin el debido proceso legal. Esta protección se extiende a todas las personas en territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio. En contextos migratorios, el debido proceso incluye el derecho a una audiencia, la protección contra detención arbitraria y el acceso a representación legal, aunque el gobierno no está obligado a proporcionarla.
Cuando la detención se vuelve prolongada o injustificada, los migrantes pueden recurrir al habeas corpus para hacer valer estos derechos ante la justicia.La Octava Enmienda, por su parte, prohíbe castigos crueles e inusuales. Aunque se asocia tradicionalmente con penas penales, los tribunales han reconocido que las personas en detención migratoria también tienen derecho a un trato humano. Esto implica acceso adecuado a atención médica, condiciones sanitarias básicas y protección frente al maltrato del personal.
Los centros de detención que no cumplen con estos estándares mínimos pueden ser objeto de impugnación legal bajo esta disposición constitucional. En conjunto, la Quinta y la Octava Enmienda crean un marco que limita el poder estatal y resguarda la dignidad de quienes están bajo custodia. La detención migratoria es legal siempre que cumpla con los procedimientos establecidos en la INA y respete los derechos constitucionales.
Debe tener una duración razonable y permitir que las personas afectadas puedan impugnar su detención a través de mecanismos legales. Los jueces desempeñan un papel crucial al revisar estos casos, asegurando que la privación de libertad esté justificada y que no se vulneren derechos fundamentales.
Casos en los tribunales
Cuando el gobierno no proporciona audiencias o mantiene a personas en condiciones severas sin justificación, dichas detenciones pueden ser declaradas ilegales. La detención también se vuelve ilegal cuando excede plazos razonables, infringe las garantías del debido proceso o carece de base legal clara. La reclusión prolongada sin justificación, la negación del acceso a procedimientos judiciales o la imposición de condiciones inhumanas pueden invalidar una detención.
Los tribunales han intervenido en numerosos casos para liberar a detenidos que estaban privados de libertad ilegalmente o cuyos derechos estaban siendo ignorados. Estas batallas legales demuestran la importancia del habeas corpus como salvaguarda frente a abusos del poder estatal. La detención migratoria en Estados Unidos puede ser legal cuando se ajusta a la ley migratoria y a las normas constitucionales. Sin embargo, también puede cruzar la línea hacia la ilegalidad cuando ignora el debido proceso, se prolonga indefinidamente o somete a las personas a condiciones crueles.
A medida que evolucionan las políticas migratorias del país, los principios del habeas corpus y del derecho constitucional siguen siendo herramientas esenciales para asegurar que todas las personas—sean ciudadanas o no—estén protegidas frente a detenciones injustas y tengan acceso a la justicia.