Excarcelan 71 presos políticos en Venezuela

LIBERACIONES BAJO PRESIÓN INTERNACIONAL

Redacción El Comercio de Colorado

El gobierno de Venezuela liberó a 71 presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, informaron este 25 de diciembre familiares y organizaciones de derechos humanos. Las excarcelaciones comenzaron en la madrugada y fueron recibidas como un gesto relevante, aunque parcial, dentro de un sistema de liberaciones selectivas que no altera el cuadro general de represión poselectoral.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad precisó que entre las personas liberadas hay 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes, arrestados luego de las protestas que estallaron tras unos comicios ampliamente cuestionados por la oposición, observadores independientes y gobiernos extranjeros. Familiares denunciaron que muchos de los detenidos fueron capturados durante la denominada operación “tun tun”.

Ese fue un despliegue de los agentes de seguridad del régimen chavista que incluyó allanamientos nocturnos, detenciones domiciliarias y arrestos de testigos de mesa y ciudadanos que compartieron actas electorales en redes sociales. Gracias a muchas de los documentos compartidos por estas personas evidenciaban la derrota del chavismo en varios estados del país.

Centros de reclusión

De acuerdo con los comités de familiares, los hombres excarcelados estaban recluidos en el penal de Tocorón, en el estado Aragua; las mujeres permanecían detenidas en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda; y los adolescentes en centros de privación de libertad de La Guaira. Las organizaciones celebraron la salida de los detenidos, pero insistieron en que se trata de una victoria limitada.

Denunciaron que el proceso de excarcelaciones se mantuvo prácticamente congelado desde marzo de 2025 y que no existe un cronograma claro ni garantías de liberación total para quienes siguen presos por motivos políticos. Pese a estas liberaciones, Venezuela continúa con uno de los mayores números de presos políticos de América Latina, según coinciden organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Tamaño del problema

La ONG Foro Penal, una de las principales referencias en el seguimiento de detenciones políticas, reportó a inicios de diciembre de 2025 un total de 887 presos políticos, entre ellos 770 hombres y 117 mujeres. El registro incluye 713 civiles y 174 militares, además de al menos 60 casos de desaparición forzada de corta duración, una práctica documentada tras las protestas poselectorales.

Incluso después de la excarcelación de las 71 personas anunciada en Navidad, organizaciones de derechos humanos y medios internacionales coinciden en que la cifra sigue por encima de las 800 personas privadas de libertad por razones políticas. Otras estimaciones refuerzan ese panorama. En agosto de 2025, reportes basados en datos de Foro Penal situaban el número en 853 presos políticos.

Ese reporte subraya que Venezuela, junto con Cuba, concentra el mayor número de prisioneros de conciencia en la región. Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha llegado a contabilizar más de 1.000 detenidos en el contexto directo de la crisis poselectoral de 2024, incluyendo manifestantes y ciudadanos aún sin sentencia firme. Las diferencias entre los conteos —800, 880 o más de 1.000— obedecen a criterios metodológicos distintos.

Algunas organizaciones contabilizan solo a personas encarceladas formalmente, mientras otras incluyen casos con medidas cautelares, arresto domiciliario o desapariciones temporales. Sin embargo, el consenso entre las ONG es claro: Venezuela mantiene cientos de presos políticos activos y opera un sistema de “puerta giratoria”, en el que se liberan grupos reducidos mientras continúan nuevas detenciones, especialmente desde las elecciones presidenciales de 2024.

Presión externa y narrativa oficial

Analistas coinciden en que la liberación de los 71 detenidos ocurre en medio de una intensificación de la presión internacional, particularmente de Estados Unidos y la Unión Europea, que han condicionado alivios diplomáticos y energéticos a gestos verificables en materia de derechos humanos. Maduro, sin embargo, insiste en su discurso oficial de que en Venezuela no existen presos políticos, sino personas procesadas por “hechos punibles”.

Esta narrativa contrasta con los informes de organizaciones como Foro Penal, Human Rights Watch y los comités de familiares, que documentan patrones de detención arbitraria, retrasos judiciales y malos tratos tras las protestas poselectorales. Para los familiares, las excarcelaciones de Navidad no cierran el conflicto, sino que confirman que la libertad de los detenidos continúa siendo usada como instrumento político.