Denver busca cerrar el Diamond Cabaret por investigación sobre robo de salarios

LICENCIA DE OPERACIÓN EN RIESGO

Redacción El Comercio de Colorado

La ciudad de Denver ha iniciado un procedimiento sin precedentes contra el club nocturno Diamond Cabaret. La ciudad ha tomado los informes del Auditor de Denver en el que se acusa de cometer violaciones sistemáticas a las leyes laborales y de salario mínimo, afectando a más de 230 trabajadores, entre ellos bailarinas, bartenders, meseros y DJs.

Tras una exhaustiva auditoría liderada por la Oficina del Auditor de Denver, el club fue obligado a pagar más de $11.3 millones en restitución salarial a sus empleados y una multa adicional que, junto con la impuesta al club Rick’s Cabaret, suma más de $14 millones por prácticas similares.

Según la investigación, el Diamond Cabaret retuvo propinas, pagó por debajo del salario mínimo y exigió a los trabajadores el pago de cuotas para poder trabajar. El caso tomó un nuevo giro esta semana, cuando la ciudad emitió una orden de “show cause” para que los propietarios del club comparezcan en una audiencia pública el próximo 26 de junio.

Destrucción de evidencia

En esa audiencia, los propietarios van a tener que justificar por qué no se les debería revocar su licencia de operación como cabaret para adultos. De no convencer a las autoridades, el club podría ser cerrado definitivamente, lo que representaría un hecho histórico en Denver. Las autoridades también acusan a Diamond Cabaret de destruir evidencia durante la investigación.

Igualmente, se señala a los administradores del centro de entretenimiento de tomar represalias contra empleados que cooperaron con las autoridades, incluyendo despidos y la implementación de nuevas políticas restrictivas. El club ha negado todas las acusaciones y ha interpuesto una demanda contra la ciudad.

Alegan abuso de poder

Los propietarios del club alegan un abuso de poder por parte de la Oficina de Trabajo de Denver. Según los abogados de Diamond Cabaret, sus trabajadoras operan como contratistas independientes bajo el modelo 1099, y sostienen que han cumplido con todas las leyes locales, estatales y federales.

Alegan que los esfuerzos de la ciudad representan una “persecución injustificada” y aseguran que muchas de las acusaciones son “totalmente falsas”. Durante el proceso administrativo, el club podrá seguir operando, pero el resultado de la audiencia del 26 de junio marcará un punto decisivo.

De confirmarse las sanciones, la ciudad establecería un precedente importante en la protección de los derechos laborales dentro de la industria del entretenimiento para adultos.