Congresistas exigen restituir ayuda legal a menores migrantes

PETICIÓN URGENTE| El Representante Jason Crow y 97 de sus colegas hacen la exigencia. (Foto/El Comercio de Colorado)

INICIATIVA ENCABEZADA POR JASON CROW

Redacción El Comercio de Colorado

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El congresista Jason Crow, junto a otros 97 legisladores, exigió a la administración Trump que restaure de forma inmediata y completa el contrato federal que financia servicios legales para más de 26 mil menores no acompañados que cruzaron la frontera de EE.UU. La petición fue formalizada en una carta dirigida a los secretarios de Salud y de Interior, Robert F. Kennedy Jr. y Doug Burgum, respectivamente.

El documento denuncia la reciente decisión de cancelar gran parte del contrato que permite brindar representación legal y orientación a estos menores, quienes enfrentan procesos migratorios complejos sin la compañía de un padre o tutor. Según los firmantes, esta medida contradice directamente lo dispuesto en la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico de Personas (TVPRA), que obliga a garantizar asistencia legal a estos niños, siempre que sea posible.

“Privar a estos menores de abogados no solo es inhumano, sino que los expone a mayores riesgos de abuso, explotación y trata”, indica la carta liderada por Crow. Los legisladores alertan que muchos de los niños afectados tienen apenas dos o tres años, y se verán obligados a enfrentar audiencias migratorias sin comprender el proceso ni contar con representación. Crow y sus colegas subrayan que los abogados proteger a los menores y facilitan la eficiencia del sistema migratorio.

Actuar antes del 29 de marzo

“El 98 % de los niños representados por abogados se presentan a sus audiencias”, destacaron. Además, los abogados permiten acelerar procesos de retorno voluntario para quienes desean regresar a su país, y ayudan a las autoridades a detectar casos de trata o abuso. La carta también critica que esta decisión se haya tomado justo antes de la renovación anual del contrato con el Acacia Center for Justice, entidad encargada de coordinar la red de proveedores de asistencia legal.

Según Acacia, la cancelación amenaza con dejar a miles de niños solos en los tribunales. “El colapso del sistema es inminente si no se revierte esta medida”, advirtió Michael Lukens, director ejecutivo de Amica, una de las organizaciones que trabajan con Acacia. Varios legisladores consideran que la cancelación obedece a una estrategia de la administración Trump para endurecer aún más su política migratoria, justo cuando se prepara una ampliación de los procesos de deportación de menores.

La presión del Congreso busca frenar esta política antes del 29 de marzo, fecha en la que vence formalmente el contrato. Mientras tanto, organizaciones aliadas y defensores de los derechos humanos llaman a la acción para evitar que miles de niños enfrenten solos un sistema legal que ni siquiera los adultos comprenden del todo.