Acusado gobernador de Sinaloa de narcotráfico en EE.UU.

ARCHIVO - El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, saluda mientras participa en un simulacro anual de terremoto en Culiacán, México, el 19 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

RUBÉN ROCHA ES MIEMBRO DE MORENA

The Associated Press 

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Estos funcionarios fueron incluidos en una acusación formal que se hizo pública el miércoles en Nueva York en la que se los señala de haber colaborado en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.

Los cargos se dieron a conocer en un comunicado de prensa emitido por las autoridades federales. Ninguno de los acusados se encontraba detenido. Los acusados ante el tribunal federal de Manhattan son funcionarios y exfuncionarios del gobierno local o de las fuerzas policiales de Sinaloa, entre ellos el político oficialista Rocha Moya, quien gobierna el violento estado de Sinaloa desde noviembre de 2021.

Según las autoridades, los acusados fueron claves para ayudar al Cartel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a EEUU. El Cartel de Sinaloa es uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por EEUU. El fiscal federal Jay Clayton calificó al Cártel de Sinaloa como “una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.

Tres miembros de Morena

Añadió que el cártel “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios”. La acusación “revela esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en peligro la vida de estadounidenses”, afirmó Terrance Cole, director de la agencia antidrogas (DEA). Los funcionarios acusados “aprovecharon sus cargos de confianza para proteger las operaciones de los cárteles, facilitando así el tráfico de drogas letales hacia nuestro país”.

Entre los acusados hay tres funcionarios —Rocha, el gobernador, el alcalde de la capital de Sinaloa y un senador— que están afiliados al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Otros funcionarios ocupaban cargos no vinculados a ningún partido. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo había recibido solicitudes de extradición de diversas personas de parte de EEUU.

La cancillería indicó que de acuerdo con la ley vigente sobre extradición se envió la información a la fiscalía general de la República para que evalúe las solicitudes. En el comunicado se refirió que la documentación recibida por parte de la embajada de EEUU, que ya fue revisada por la cancillería, “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.

Habló Moya

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que enviará a la embajada estadounidense una nota de “extrañamiento” debido a que “en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”. Rocha Moya, de 76 años, rechazó de forma categórica las imputaciones en su contra y dijo en su cuenta de X que “carecen de veracidad y fundamento alguno”.

Agregó que “así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”. Moya fue un firme aliado del expresidente López Obrador y de su política de no confrontación directa con los cárteles de la droga. El gobernador sostuvo que el ataque no es sólo contra su persona sino contra el movimiento político oficialista y sus liderazgos, y se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México.

Mensaje de la Embajada de EE. UU. en México

La Embajada de Estados Unidos en México expresó en un comunicado que tomó nota de los cargos penales contra el gobernador y otras personas, e indicó que aunque no se pueden pronunciar sobre los hechos imputados, aclaró que “la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción” estadounidense.

“Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad”, refiere el comunicado que difundió en su cuenta de X el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, en el que se ratificó el compromiso por “una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida, y el Estado de derecho”.

Sheinbaum pide pruebas

Las acusaciones se producen después de que Johnson declarara que su gobierno pondría en marcha una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos que, según él, estaban vinculados al crimen organizado. “La corrupción frena el progreso. Eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza en los mercados”, sostuvo el diplomático, y agregó que “el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”.

Sheinbaum dijo que “si hay una investigación sobre algún servidor público en México, lo que tiene que haber es pruebas claras”. Los fiscales estadounidenses presentaron anteriormente cargos por tráfico de drogas contra un ex miembro del gabinete mexicano, Genaro García Luna, acusado de aceptar sobornos para ayudar al Cartel de Sinaloa mientras luchaba contra la organización cuando dirigía la Secretaría de Seguridad federal.